Junqueras cuestiona ahora la validez de la legalidad española a nivel mundial

El vicepresidente de la Generalitat considera que España incumple los mandatos del derecho internacional.

El independentismo se ha dispuesto a enredar para llegar al referéndum. La primera treta ha consistido en ampararse en la legislación internacional, apelando a tratados que ha suscrito el Estado y que incluyen el derecho de autodeterminación, para sortear la inconstitucionalidad del 1-O. La segunda, consiste en intentar manipular este ordenamiento legal para dar credibilidad a la maniobra jurídica. En este punto, se encuadra el énfasis en señalar el «derecho de autodeterminación» como el primero de los derechos humanos, cuando no es así, sin respetar además la jeraquía normativa otorgando rango superior a la jurisprudencia que emana de la ONU, y negar la legalidad española por no adoptar este precepto en su Constitución.

Esta segunda idea es la que puso ayer sobre la mesa el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. «La supuesta legalidad española es una legalidad que no es legal porque no sigue el mandato del derecho internacional que el propio Estado español se autoimpuso que tenía que cumplir», aseveró en una entrevista en la televisión pública. «La pregunta relevante ahora es preguntar al Gobierno por qué incumple la legalidad, por qué firma un convenio internacional que le obliga a generar una legislación determinada y por qué la incumple», continuó.

Asimismo, Junqueras también tuvo espacio para los anuncios. El vicepresidente de la Generalitat informó que la aprobación de la Ley del referéndum tendrá lugar a principios de septiembre.

Todo ello obtuvo el rechazo de toda la oposición, aunque con diferente gradación. Por un lado, el líder del PP, Xavier García Albiol, juzgó el paso dado por los independentistas como una provocación. Según el dirigente popular, están buscando que el Estado aplique el artículo 155 de la Constitución para «intervenir la autonomía y presentarse ante su parroquia como mártires y que en la calle haya conflicto social». «Somos partidarios de que las instituciones tomen cartas en el asunto para poner en el sitio que se merecen a estos irresponsables que se están cargando la convivencia en Cataluña», advirtió.

En la misma línea se pronunció el portavoz adjunto de C’s, Fernando de Páramo, que exigió al ejecutivo español que actúe con todas las armas que tienen en su mano. Así, pidió que «aplique toda la normativa» que tiene en sus manos, y evitó referirse a la suspensión de la autonomía: «Es decisión del Gobierno».

Por su parte, el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, prefirió centrarse en cargar contra el proyecto normativo. «Es un sinsentido jurídico sin garantías democráticas», juzgó, y explicó que hay un marco legal con una jerarquía normativa. «Hay un amplísimo consenso en expertos, mundo académico y juristas de que lo que se presentó no tiene base legal», zanjó.

Finalmente, la normativa tampoco convenció a los «comunes». El alcalde accidental de Barcelona y dirigente de Catalunya en Comú, Gerardo Pisarello, aseguró ayer que «todo indica a que el 1-O no es el referéndum que necesita Cataluña».