JxSí abrirá 140 oficinas de Hacienda

Junqueras anuncia el despliegue de una estructura fiscal propia que será «el fundamento de la nueva República». Estudia nuevos impuestos en medio ambiente y descarta impagar deuda.

Oriol Junqueras aspira a dejar huella en esta legislatura catalana que, según los soberanistas, va a permitir «la desconexión» de Cataluña con el resto de España. El líder de ERC está llamado a un tener un papel crucial en este proceso soberanista, puesto que como vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía le corresponde preparar la Hacienda catalana, piedra angular de la Cataluña post autonómica. «Este gobierno no quiere ser un gobierno ordinario, no quiere ser un gobierno autonómico más, sino que quiere ser un gobierno que ponga los fundamentos de la futura República», afirmó Junqueras al inicio de su comparecencia en el Parlament para explicar las líneas maestras de su gestión en el próximo año y medio.

El número dos del Govern confirmó que el despliegue de la nueva Hacienda será un objetivo clave en sus políticas y confirmó que la futura agencia tributaria catalana va a tener una estructura muy notable. «Hace poco la agencia sólo tenía cuatro oficinas abiertas a los contribuyentes. Se ha hecho un proceso de ampliación que nos llevará hasta las 53 oficinas y que, en los próximos meses, a través de este proceso de colaboración con otras administraciones (municipales), nos llevará hasta unos 140 puntos de atención en el conjunto del país», dijo Junqueras.

Los grupos de la oposición plantearon numerosas dudas, pero el vicepresidente de la Generalitat prefirió quedarse únicamente en las explicaciones grandilocuentes sin entrar al detalle. «¿Cómo van a hacer la Hacienda propia? ¿Con qué dinero, con las dificultades y miserias que tenemos? ¿Cómo harán eso de pasar de 350 trabajadores a 3.500 en la Hacienda propia?», le planteó el diputado del PSC Òscar Ordeig.

Pero el dirigente de ERC no respondió a estas cuestiones porque ayer su guión se centró en otros asuntos, tales como atacar al Gobierno por prestar dinero a las autonomías a un precio abusivo. «Han anunciado que los intereses del FLA a partir del 1 de enero de 2016, es decir, ya son, se situarán en el 0,834 por ciento y, por tanto, el Gobierno español nos exigirá unos intereses por lo que él se niega a aportar que son 16 veces superiores al precio que le pone el Banco Central Europeo a él», protestó el conseller de Economía.

Quizá Junqueras se pregunta cómo va a afrontar éstas y otras obligaciones, teniendo en cuenta que la situación financiera de la Generalitat continúa siendo delicada. El poco margen que podían tener este año, además, prácticamente lo han agotado con el anuncio de devolver la paga extra que suprimieron a los funcionarios en 2012 y con la decisión de incrementar el salario de los trabajadores públicos un 1 por ciento. Para ganar algo más de margen, el vicepresidente ya contempla nuevos impuestos en materia de medio ambiente –no los concretó–, quizá también en el ámbito de las sucesiones y el patrimonio, aunque aquí fue todavía más confuso.

No a los impagos de la CUP

Lo que sí dejó claro Junqueras es que no está dispuesto a impagar una parte de la deuda, tal y como reclama la CUP, porque cortaría el circuito de la financiación de la Generalitat. El conseller consideró que el sistema fiscal es complejo y contradictorio, aunque hay ideas que tiene muy claras, como los porcentajes de recaudación que corresponden a cada administración. «El Gobierno central es el responsable de recaudar entre el 90 y el 95 por ciento del esfuerzo fiscal que hacen los catalanes», dijo y, a continuación, aseguró que utiliza esta posición como «elemento de presión política».

Añadió que es el Gobierno el que calcula las previsiones de crecimiento y de recaudación fiscal y el que decide los anticipos que han de recibir las administraciones autonómicas, lo que «reiteradamente hace a la baja», según Junqueras, «de manera que traslada en el tiempo los beneficios de la recuperación económica». En este sentido, estima que la Generalitat recibirá este año 1.900 millones adicionales por la liquidación de los anticipos de 2014, unos ingresos que, sin embargo, se verán «devorados» por las obligaciones de cumplimiento del déficit, que pasará del 0,7 por ciento del PIB de 2015 al 0,3% de este 2016.