La Generalitat licita por 200.000 euros las urnas destinadas al referéndum

Se licitan dos lotes, el primero de «urnas electorales transparentes» y el segundo de «urnas de cartón» por valor estimado de 184.000 y de 16.000 euros, respectivamente, lo que suma un importe total de 200.000 euros.

La Generalitat ha licitado por 200.000 euros el suministro de urnas para "las elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana", según publica hoy el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), con las que pretende celebrar un referéndum soberanista después del verano.

En un anuncio firmado por Francesc Esteve Balagué, secretario general del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, se licitan dos lotes, el primero de "urnas electorales transparentes"y el segundo de "urnas de cartón" por valor estimado de 184.000 y de 16.000 euros, respectivamente, lo que suma un importe total de 200.000 euros.

El plazo de presentación de las ofertas es de quince días contando desde la publicación del anuncio de licitación y el lugar para presentarlas, el Registro general del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, situado en el número 26 de la Via Laietana de Barcelona.

Fuentes de la Generalitat confirmaron la semana que tenían previsto iniciar un proceso público para preseleccionar empresas que puedan proveer urnas con vistas a celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, unas 8.000 de metacrilato y 4.000 de cartón.

Por su parte, el pasado viernes el Gobierno advirtió de la intervención de la Fiscalía en el momento en el que la Generalitat lanzara la licitación para adquirir urnas destinadas al referéndum independentista.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, avisó de que si la Generalitat oficializaba la compra de urnas "sin duda alguna, la Fiscalía intervendrá", antes de hacer hincapié en que, en un reciente auto, el Tribunal Constitucional advirtió de que cualquier referéndum soberanista es ilegal y que esa ilegalidad vinculaba a dirigentes políticos, funcionarios y empresas. Efe