Declaración de independencia inmediata si gana el «sí»

Junts pel Sí y la CUP anuncian que la ley que amparará la consulta prevalecerá sobre la Constitución y proclamará un «régimen jurídico excepcional». No prevén un mínimo de participación para que el resultado sea vinculante y se escuda en los derechos humanos.

Tan sencillo y tan complicado como tomarse la ley por mano propia apelando al derecho internacional. En esto consisten básicamente las garantías del referéndum de autodeterminación de Cataluña presentadas ayer por la mañana por Junts pel Sí y la CUP en el auditorio del Parlament –no en el hemiciclo– y reiteradas por el Govern en un acto en el Teatro Nacional de Cataluña por la tarde. El plan para amparar el referéndum consiste en que el Parlament apruebe una norma (a finales del mes de agosto) que prevalecerá jerárquicamente «sobre todas aquellas que puedan entrar en conflicto» y en establecer, al mismo tiempo, «un régimen jurídico excepcional». Dicho en otras palabras, consiste en volar por los aires la supremacía constitucional española.

Según los soberanistas, la ley que regulará el referéndum sí que forma parte del ordenamiento jurídico español porque el Gobierno de España ha firmado tratados internacionales que contemplan la autodeterminación. «La jurisprudencia internacional dice que este derecho ha evolucionado y se ha ejercido en los siglos más recientes, desligándose incluso del fin del imperialismo. Y este derecho, que está en vigor, consiste en que un pueblo decida libremente lo que quiere ser. Por tanto, nosotros tenemos derecho a la autodeterminación», argumentó la portavoz parlamentaria de Junts pel Sí, Marta Rovira (ERC).

El artículo 3 de la ley del referéndum establece las bases de un proyecto fundamentado en adjudicar al Parlament la soberanía del pueblo de Cataluña. Prevé, además, el establecimiento de «un régimen jurídico excepcional», el cual «prevalece jerárquicamente sobre todas las normas que puedan entrar en conflicto, en tanto que regula el ejercicio de un derecho fundamental e inalienable del pueblo de Cataluña». Llegado, por tanto, el inevitable conflicto con las instituciones del Estado (Tribunal Constitucional, entre otras) bastará con ignorar sus sentencias y resoluciones.

Secesión: el 3 de octubre

El articulado presentado ayer también aclara que no es necesario un mínimo de participación para dar validez a la votación y fija también el plazo para consumar la independencia de Cataluña en el supuesto de lograr la victoria el próximo 1 de octubre (fecha del referéndum). Será el 3 de octubre: «Si el recuento de los votos válidamente emitidos da como resultado que hay más de afirmativos que negativos, implica la independencia de Cataluña. A tal efecto, el Parlamento de Cataluña, dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente».

Para hacer posible la votación, la ley del referéndum contempla aspectos organizativos como el censo, las mesas electorales, los colegios, el órgano rector de la jornada y la presencia de observadores internacionales. Respecto al censo (competencia exclusiva del Estado), la Generalitat se encargará de su elaboración y lo hará, a diferencia de la consulta del 9-N, sin la autorización previa de los ciudadanos.

Los miembros de las mesas electorales serán designados por sorteo público de entre la totalidad de los censados, siguiendo la práctica de todos los procesos electorales. Es decir, que no se nombrarán a las mesas electorales con un criterio de voluntariedad. «Los cargos de presidente y vocal de las mesas electorales son obligatorios», dice el proyecto de ley del referéndum.

Los soberanistas también prevén la creación de una Sindicatura Electoral de Cataluña, que asumirá las funciones de la Junta Electoral Central. Esta Sindicatura estará integrada «por cinco vocales, juristas o politólogos de prestigio expertos en procesos electorales nombrados por el Parlamento de Cataluña» y se encargará, a su vez, de designar a los miembros de las sindicaturas «de demarcación», el subterfugio empleado para no referirse a las provincias.

En cuanto a otra de las polémicas, la de las urnas para la votación, el Govern asegura que, «después de haber declarado desierto por cuestiones técnicas la primera compra, está iniciando un proceso de compra directa de las mismas y garantiza que el 1 de octubre habrá todo lo necesario para votar».

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente de la Generalitat tomaron el protagonismo de exponer las garantías en el acto celebrado a última hora de la tarde en el Teatro Nacional de Cataluña. Junqueras puso el acento en justificar el referéndum de independencia apelando a los derechos humanos. «Tenemos que explicar que la legalidad que nos ampara deriva del principio democrático y de los derechos humanos», afirmó el vicepresidente, que insistió en referirse a los derechos internacionales para dar legitimidad a la votación rupturista. «Sólo hay una legalidad posible, la que se inspira en los derechos humanos y el primero de estos derechos es el de la autodeterminación», añadió Junqueras.

Puigdemont, por su parte, centró su intervención en llamar a la participación para arrastrar a las urnas a los contrarios a la independencia, ya que es consciente será mucha más sencillo movilizar a los convencidos y de que la afluencia es el aspecto clave de la jornada del 1 de octubre. «El día 1 de octubre no habrá choque de trenes. Habrá un tren que quedará en vía muerta, que es del actual statu quo. Incluso si gana el no, las cosas habrán cambiado. Un voto al no es un voto hecho desde la dignidad democrática. Nosotros somos la garantía para que todas las personas se expresen libremente», dijo el presidente de la Generalitat.