Las entidades soberanistas convocan a más de 10.000 personas al juicio de Mas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que hay «voluntad de coaccionar» en la manifestación del lunes.

El próximo lunes 6 de febrero empezará el juicio contra el ex president de la Generalitat Artur Mas, y las ex conselleres Joana Ortega e Irene Rigau, por su participación en la organización de la pseudo consulta soberanista del 9–N de 2014. Están acusados de los delitos por desobediencia grave y prevaricación administrativa, por mantener el sucedáneo de referéndum, pese a la suspensión del Tribunal Constitucional (TC).

Respecto al juicio, se prevé una gran movilización independentista. A la espera de que se fije la vista oral en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) o en la Ciudad Judicial de l’Hospitalet, las entidades soberanistas Òmnium Cultural, Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), entre otras, aseguraron que se espera una presencia que «supera de largo» las 10.000 personas.

Antecedentes

Una asistencia masiva que puede significar una presión para el magistrado del TSJC, José Francisco Valls. Una situación similar a dos episodios anteriores. Uno de ellos fue cuando Mas fue llamado a declarar en la sede del TSJC. Miles de personas también acudieron ante la Audiencia de Barcelona, incluyendo muchos alcaldes soberanistas, con sus respectivas varas. La otra fue en la declaración del diputado Francesc Homs ante el Tribunal Supremo (TS) en Madrid, cuando acudió buena parte del Govern y de Junts pel Sí.

«Hemos superado las previsiones más optimistas que teníamos», señaló el presidente de la ANC, Jordi Sánchez. «Pese a ser un día laborable y a primera hora de la mañana, seremos millares los que acompañaremos a los tres que se sientan en el banquillo de los acusados», añadió, antes de comentar que se movilizarán un total de 63 autocares, para desplazar a los manifestantes hacia la capital catalana.

En su último auto sobre este caso, el magistrado del TSJC denegó que los encausados incurrieran en otro delito de malversación de caudales públicos, como el que plantea la acusación popular y que es el único que puede comportar penas de prisión. Mas se enfrenta en calidad de autor, según la petición actual del fiscal, a diez años de inhabilitación, mientras que Rigau y Ortega, como cooperadoras necesarias, a nueve.

El juez insistió en que los hechos a juzgar son las decisiones del Govern encaminadas a mantener la celebración del 9–N a partir del 4 de noviembre, cuando el TC suspendió la consulta soberanista.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó ayer, en alusión a la protesta prevista, que «no son necesarias manifestaciones, sobre todo si detrás hay la voluntad de coaccionar a los tribunales».Rechazó que se promuevan «movimientos de acompañamiento popular» o manifestaciones «si detrás hay una voluntad de interferir, de intentar coaccionar o de generar influencia sobre los tribunales» .De este modo, se refirió a los llamamientos que se hicieron desde la Generalitat y la consellera de Governació, Meritxell Borràs para que los funcionarios catalanes pidan fiesta el 6 de febrero y acudan a apoyar a Mas, Ortega y Rigau.

Muy diferente es la opinión del president de la Generalitat, carles Puigdemont. El sí de la CUP a los presupuestos le subió la moral, e incluso advirtió al Gobierno de que «el tiempo para una vía negociada está llegando a su fin». Fijó como fecha en la que se inicia «el tiempo de descuento» precisamente la fecha del inicio del citado juicio, el próximo lunes.