Los funcionarios de la Generalitat: «No aceptamos presiones políticas»

Los funcionarios catalanes se han manifestado en Barcelona ante la «inquietud» que genera la independencia. Apoyan la Constitución y rechazan que un futuro Gobierno nacionalista les utilice con fines políticos.

Los funcionarios de la Generalidad de Cataluña se desmarcan de la amenaza independentista de Junts pel Sí y la CUP y apoyan la Constitución y la legalidad vigente. Además, denuncian que la política de ajustes aplicada por el Gobierno regional de Artur Mas está perjudicando su situación en comparación con la de los empleados de la Administración central. Los recortes «se están cargando el Estado del Bienestar» en la comunidad, apunta al respecto Joan Escanilla, responsable en Cataluña del principal sindicato de funcionarios de España, CSI-F.

Escanilla considera que la situación laboral de los funcionarios «no debe cambiar en función de las tendencias políticas de los que gobiernen Cataluña» y rechaza que se les «utilice» con fines partidistas. El sindicato asegura que los empleados públicos trabajan «para la igualdad de todos los españoles, vivas donde vivas, y las administraciones públicas son garantes de los principios que sustentan nuestro modelo de Estado social, democrático y de derecho desde el comienzo de la democracia».

CSI-F convocó hoy en Barcelona una manifestación bajo el lema «Contra los recortes, en defensa de la Constitución y el Estatut vigente», protesta que coincidirá con una reunión en la que los empleados públicos reclamarán al Ejecutivo de Mas que devuelva las pagas y los derechos perdidos durante la crisis. Escanilla ha señalado que el sindicato ha recibido muestras de preocupación por parte de empleados públicos ante las dudas en su función que pudiera generar el proceso independentista.

Los funcionarios «deben tener muy claro que estamos por la defensa de la legalidad y ante cualquier problema les ofrecemos asesoría jurídica», asegura CSI-F. El portavoz en Cataluña cita el ejemplo de los Mossos de Esquadra, que son funcionarios «al servicio del Gobierno catalán» pero se rigen por leyes de ámbito nacional como la de Seguridad Ciudadana.

Ante la amenaza independentista, Escanilla asegura que los policías de la Generalidad «temen que puedan existir órdenes por parte del Gobierno regional que vayan en contra de leyes nacionales» y reclaman «seguridad jurídica» para tener respaldo «tomen la decisión que tomen» en cada momento.

«La legalidad vigente es la actual (la Constitución y el Estatuto de Cataluña), es el marco normativo en el que se tienen que mover todo trabajador público y no nos podemos salir de ahí», apunta Escanilla. CSI-F presume de ser un sindicato «multidisciplinar e independiente», y asegura que en Cataluña tienen miembros «de todas las tendencias políticas, independentistas, españolistas, conservadores, progresistas, del PP, del PSOE, de C’s, de Podemos (Catalunya Sí Que Es Pot), etc.». «No aceptamos presiones políticas», destaca Escanilla.

CSI-F denuncia que la Generalitat no va a sumarse las mejoras salariales que anunció el Gobierno de Rajoy antes de las elecciones generales. En concreto, el Ejecutivo de Artur Mas no aplicará «ni la devolución de la paga extra, ni el aumento de las tasas de reposición de empleados públicos, ni la devolución de los moscosos y los canosos», apunta el sindicato.

Escanilla ha querido también enviar un mensaje de "tranquilidad"a los empleados públicos catalanes, que ha dicho que "tienen que tener muy claro que estamos por la defensa de la legalidad", al tiempo que ha asegurado que "ante cualquier inquietud o problema ofrecemos asesoría jurídica para ayudarles".