Mas-Colell implora a Montoro el acceso inmediato a los fondos del FLA

El sector sanitario catalán podría empezar a aliviar su tensión a partir de hoy. La Generalitat podría recibir un tramo de 330 millones de euros de los fondos de liquidez autonómica (FLA). Hace ocho días, un inusual manifiesto conjunto entre las patronales farmacéuticas, centros privados, de dependientes y ortopedias expresaban la asfixia que están sufriendo –la Generalitat adeuda 2.000 millones de euros Ante la inminencia del final de mes, el sector farmacéutico advirtió de la imposibilidad de pagar 60.000 nóminas –se pagan entre hoy y el lunes-.

«Si tenemos que arrodillarnos, lo haremos, pero que paguen», imploró ayer el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell. De esta manera, el Govern evidenció su desesperación. El martes, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que apareció Artur Mas –suele aparecer la vicepresidenta del Govern, Neus Munté–, con el propósito de infundir mayor solemnidad, se mostró desafiante: «Si el FLA llega como ha de llegar, pagaremos. Y si no llega, no podremos pagar». Mas consideró las actuaciones del Estado como una agresión y le responsabilizó de «provocar este sufrimiento». Bajo el pretexto de que el margen de maniobra de un Govern en funciones es estrecho, Mas también aprovechó para presionar a la CUP.

La Generalitat recibirá los pagos de forma fraccionada. Hacienda destinará la ayuda financiera a Cataluña en 10 tramos hasta alcanzar los 3.034,85 millones de euros. De esta manera, el Gobierno irá dosificando los pagos, y en lugar de realizar uno de golpe antes de final de año –como se esperaba–, lo extenderá hasta el verano. En palabras del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el objetivo es que «ni un euro vaya a un destino diferente del previsto ni a financiar ninguna veleidad independentista».

Para cumplir con este objetivo, Hacienda ha impuesto tres condiciones que Cataluña debe cumplir para poder acceder a la financiación a tipo de interés cero que proporciona el Tesoro del Estado. Con la intención de que la Administración Central tenga mayor control sobre el pago de las facturas a proveedores, la Generalitat deberá conectarse al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General (FACE), y que está tramitando –antes del cierre de esta edición, debe estar conectada hoy–. Anteriormente, Cataluña subía las facturas a su propia plataforma electrónica y los recibos no se limitaban a gastos en servicios públicos básicos.

Otra de las condiciones es la elaboración de un informe por el interventor general de Cataluña, y que deberá remitir mensualmente garantizando que ningún gasto contraviene la legalidad. Además, se incluirá una condición especial con la que se obligará a la Comunidad Autónoma a pedir autorización al Ministerio de Hacienda para poder contraer nuevas deudas. Y Montoro ya avisó: «El Estado prestará amparo a los empleados públicos para que no se sientan forzados por una situación política determinada». Con esta medida, dará protección a los funcionarios que reciban instrucciones contradictorias de sus superiores.