Mas «confiesa» que sabía que iban a registrar la sede de CDC

El presidente de la Generalitat acusa al Gobierno de estar tras la investigación para influir en el 27-S y defiende que Teyco hacía cálculos para que las donaciones no fueran del 3%.

Paul Kammerer fue un biólogo austríaco a quien le inquietaban tanto las casualidades que durante veinte años se dedicó a anotar en un cuaderno coincidencias que creía sorprendentes. Con sus apuntes desarrolló la Ley de la Serialidad que viene a decir que el mundo es como un caleidoscopio que tiende a unir lo semejante. Una teoría en la que Artur Mas no cree para explicar por qué el pasado viernes, a un mes del 27-S y el día en que la candidatura de Junts pel sí celebraba su primer gran acto de precampaña, la Guardia Civil registró la sede de CDC, la fundación del partido, la Catdem, y cuatro ayuntamientos convergentes (Lloret de Mar, Sant Cugat, Sant Celoni y Figueres) para buscar pruebas que acreditaran presuntos pagos del 3 por ciento por parte de la constructora Teyco. «A estas alturas de la película no creo en las casualidades», afirmó. Su teoría es que detrás de los registros está el Gobierno. Porque tanto la Guardia Civil como la Fiscalía dependen del Estado. «Y me juego lo que quieran a que habrá nuevos montajes antes del 27-S», auguró.

El president describió los acontecimientos del viernes como un episodio digno de series como «Borgen» o «The Wire». Relató que el ministerio del Interior habría ordenado a la Guardia Civil que registrara CDC con una actuación «espectacular». Para ello habría avisado a los medios de comunicación y habría tenido a la policía dentro de Convergència cinco horas haciendo ver que llenaban cajas de cartón de documentos cuando lo que hacían los agentes era esperar al secretario judicial, pues diez de las once cajas que se llevaron las entregó el partido «voluntariamente», subrayó.

Olvidó el detalle de que la actuación de la Guardia Civil «no tiene inicio en un despacho de Madrid», tal y como le recordó el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, sino que deriva de una investigación judicial que parte de una denuncia de ERC y el PSC. Un detalle que la diputada de ERC, Marta Rovira, también ignoró. Esquerra, en un papel incómodo, apostó por no meter el dedo en la llaga y aliarse a la tesis de Mas de que el Gobierno ha hecho servir los registros políticamente para intercedir en la campaña.

La «guerra sucia» que, según Mas, practica el Gobierno para frenar el proceso soberanista no acabaría ahí. El president acusó a Interior de filtrar un documento protegido por secreto sumarial, un papel encontrado en la caja fuerte de Teyco publicado por el diario «El Mundo» con supuestos números que acreditarían el pago de comisiones valoradas en el 3 por ciento a cambio d adjudicación de obra pública. Mas asumió los argumentos de Teyco, que ese 3 por ciento no coincide con las donaciones de la constructora a la Catdem, 100.000 euros en 2009. Y que Jordi Sumarroca hacía cálculos para que las aportaciones legales a CDC «no coincidieran con el 3 por ciento», porque después de que Pasqual Maragall acusara a CDC de «tener un problema», no querían alimentar la teoría de las comisiones. Una teoría que «en diez años no se ha demostrado», dijo Mas. Si bien es cierto que el juicio del «caso Palau», aún no se ha celebrado.

Tanto Mas como Teyco alegaron también que entre 2007 y 2014, la empresa facturó 148 millones a ayuntamientos catalanes, de los que «sólo» 53 corresponden a municipios gobernados por CDC. Pero «estas cifras no les interesa», lamentó Mas, porque «podría desmontar sus teorías», dijo dirigiéndose al PP y a Ciutadans.

«Esto no es un estado de derecho» espetó, «esto es el Far West, la Inquisición, un régimen dictatorial», porque se emiten juicios políticos antes de que el juez dicte sentencia. Como prueba, expuso la denuncia de las últimas autonómicas, cuando se le acusó de tener cuentas en Suiza y acabó en papel mojado. «Hay instituciones del Estado que tienen mucho poder y lo ejercen de manera sin vergüenza», denunció.

Lo que no acabó en papel mojado fueron las acusaciones a Jordi Pujol que llevó a Mas a tomar la decisión «más dolorosa» de su carrera política, retirar el título de «muy honorable» a su mentor. Intentó presumir de haber tomado decisiones en el último año para convertir a la Generalitat en el gobierno autonómico más transparente, si bien bien olvidó que las acusaciones se remontan a 2009. Lo que no obvió es que todas las adjudicadiones a Teyco de 2009 se enmarcan en el «Plan Zapatero» , que «se otorgaban a la oferta más económica» y «eran auditadas por el Gobierno».

Las explicaciones sobre el 3 por ciento dejaron en un segundo plano su comparecencia inicial para dar cuenta del 27-S, «la única salida que tiene Cataluña ante un Estado que da la espalda al diálogo».