Pánico entre los consellers a la inhabilitación

La consellera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, convirtió ayer el fiasco del Govern con la licitación de las urnas en una tabla de salvación. Borràs fue objeto de una querella de la Fiscalía después de publicar el pasado 9 de mayo en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) un anuncio en el que se convocaban a empresas para suministrar las urnas del referéndum, y el pasado 20 de junio fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Tras conocerse ayer que el concurso para la compra de urnas quedaba desierto, la consellera aprovechó este resquicio para tratar de sortear futuras consecuencias penales y sus abogados llevaron al TSJC esta circunstancia para pedir el archivo de su causa.

Los letrados de Borràs habían presentado el lunes un recurso en el que acusaban a la Fiscalía de hacer un «uso preventivo del Derecho Penal, dirigido a impedir lo que supuestamente alguien hará en un futuro». Por tanto, después de dar al traste el proceso de licitación de las urnas, la tesis de la defensa de la consellera de Gobernación no hacía sino reforzarse, y permitió que ayer ampliaran el recurso de súplica.

En todo caso, Borràs ha hecho uso de la «astucia» predicada por el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, en todo el proceso de licitación para evitar impugnaciones del Estado y las advertencias judiciales: en el anuncio publicado en el DOGC no fijaba como objeto del suministro de urnas el referéndum del 1 de octubre, sino que servía para celebrar «elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana». Pero el Ministerio Público, en su querella formulada el 16 de mayo en la que imputaba delitos de malversación, prevaricación y desobediencia, y en la que también incluía al secretario general de Gobernación, Francesc Esteve, consideró que, entre los procesos de participación ciudadana, también se podría incluir la consulta independentista.

Según el escrito que presentó ante el TSJC, la licitación de las urnas suponía «una puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista en Cataluña, contrario a los expresos mandatos del Tribunal Constitucional (TC)». En la admisión a trámite, en la misma línea, el TSJC reseñó que en la voluntad de celebrar el referéndum con «el objeto de mantener el propósito contenido en la Resolución 1/XI, de crear un Estado catalán independiente, los querellados, Borràs y Esteve, adoptaron medidas encaminadas a obtener los medios con los que poder celebrar el meritado referéndum».

Esta «astucia», en muchos casos, también se ha convertido en una abierta demostración de temor a la Justicia en la toma de decisiones y en la retórica empleada. Por un lado, en el momento de licitar las urnas, se produjo un enfrentamiento entre Borràs y el vicepresidente de la Generalitat y responsable de la organización del referéndum, Oriol Junqueras. Según informó «Ara», la consellera se negaba a firmar el anuncio si no recibía una orden por escrito del «número dos» del Govern, ya que así eludiría las consecuencias jurídicas y Junqueras quedaría como último responsable.

Por otro lado, tanto Borràs como el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, siempre han evitado verbalizar el objetivo de la compra de las urnas. Cuando han sido preguntados, siempre han eludido decir que servían para la celebración del referéndum, y así no dar munición a la Fiscalía.