Multa de 400.000 euros a la ANC y Òmnium por «robar» datos el 9-N

La Agencia de Protección de Datos considera que vulneraron el derecho a la intimidad al hacer encuestas en los domicilios

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural una multa con 400.000 euros por vulnerar un artículo de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) a raíz de la «encuesta soberanista» que las dos entidades realizaron mediante voluntarios que acudieron a miles de domicilios poco antes de la consulta soberanista del 9-N.

Las sanciones impuestas son de 240.000 euros para la ANC y de 200.000 euros para la Òmnium Cultural por la comisión de varias infracciones «muy graves» contra la LOPD, y deberán ser abonadas para que no sean reclamadas por la vía ejecutiva.

Según ha resuelto la AEPD, las dos plataformas incumplieron la normativa que establece sobre que el encuestado debe dar su «consentimiento expreso y por escrito» para el «tratamiento de los datos con carácter personal», como son los que revelan ideología, religión y creencias o afiliación social». Ante estos hechos, el partido político VOX consideró «ilegal» el registro de los «datos ideológicos de los ciudadanos» y la «lista negra» confeccionada por las plataformas partidarias a la independencia catalana, y tras interponer una denuncia, junto a la de otros partidos políticos y acusaciones particulares, la AEPD llevó a cabo inspecciones y registros en las sedes de los denunciados e incautó la documentación correspondiente.

Durante la campaña «Ahora es hora» antes de la celebración de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña, un equipo de voluntarios realizaron una «gigaencuesta» para conocer la opinión de más de miles de ciudadanos para averiguar si estaban a favor o no del proceso secesionista y si iban a ir o no a votar en el referéndum ilegal del 9-N. En total se realizaron 250.000 encuestas y se procesaron 85.342.

Con las multas que las plataformas deben pagar, el partido de Santiago Abascal insta al Estado a que el dinero se destine a una «gran campaña informativa» en toda Cataluña para «desmontar las falacias históricas y económicas del secesionismo y recuperar los afectos perdidos entre españoles por su culpa». Abascal también reitera el compromiso del partido con la defensa de la unidad de España «y con la legalidad democrática y la unidad de España».

El responsable de los servicios jurídicos de VOX, Javier Ortega Smith, remarca la «importancia» que supone que «prevalezca» el Estado de Derecho «frente a quienes, con la convivencia y financiación de la Generalitat, desprecian desde hace años los derechos de los españoles».