El Gobierno ve antidemocrática la nueva ley y no dejará que se aplique

Sáenz de Santamaría advierte: «Al Estado le bastan 24 horas para recurrirla y paralizarla».

La respuesta del Gobierno a los últimos movimientos independentistas llegará cuando los anuncios se conviertan en hechos con efectos jurídicos. Moncloa contestó ayer a la nueva vuelca de tuerca independentista con su discurso de siempre. Sin enredarse en el cuerpo a cuerpo con la Generalitat para no alimentar lo que dicen que es una estrategia de buscar la reacción de Madrid para dar aire a su victimismo. «Prudencia y proporcionalidad», sostienen en el Gobierno ante cada paso de Carles Puigdemont y de su vicepresidente, Oriol Junqueras. Y es lo que volvieron a alegar cuando se les preguntó por las decisiones de los líderes independentistas. «Siguen con los anuncios. Cada decisión fuera de la legalidad, que no sea humo, será recurrida». Casi al mismo tiempo que desde el Gobierno hacían esta advertencia, llegaba la noticia de que el Tribunal Constitucional estimaba de forma parcial los recursos del PP y la Defensora del Pueblo contra cuatro leyes relacionadas con el estatus jurídico de la lengua catalana. Dos de los recursos estaban pendientes de resolverse desde 2010 –la Ley del Cine catalán y el Código de Consumo–, a los que se añaden las resoluciones sobre la Ley de Acogida de Personas Inmigradas y la Ley Audiovisual.

Poco después, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sin entrar en esa provocación, dejaba claro que «la Generalitat puede pasarse 30 días explicando la ley del referéndum o la de transitoriedad jurídica y puede decir que en 48 horas puede declarar la independencia, pero al Estado le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización». Por ello, garantizó que «no se va a celebrar ni a las 48 horas va a pasar absolutamente nada».

Moncloa insistió en que ninguna de las leyes saldrá adelante porque será suspendidas por el Constitucional. Y en esa línea, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtió que la futura Ley de Referéndum pactada por Juntos por el Sí (JxSi) y la CUP es «manifiestamente antidemocrática», por lo que no entrará en vigor al ser contraria a la Constitución y al Estatuto de Cataluña. Defendió que «no hay democracia» al margen de la ley y de la Constitución. Catalá confirmó que la Fiscalía evaluará si debe intervenir a raíz de la presentación pública de la futura Ley del Referéndum, y se lamentó de que en Cataluña se estén produciendo, en el marco del proceso soberanista, manifestaciones «muy preocupantes de movimientos totalitarios y antidemocráticos», informa Efe.

El Gobierno dice que tiene «diseñada la agenda para evitar el referéndum en lo que afecta a su construcción legislativa y en el plano de organización». Monitorizadas las decisiones de la Generalitat y su entorno, y con una ofensiva de actuaciones para advertir a los agentes que podrían ser necesarios de las consecuencias de implicarse. También les consta que a pesar de la guerra entre la antigua Convergéncia y ERC, Puigdemont, con Artur Mas detrás, «está decidido a llegar al final y arrastrar a Junqueras». Y que ya están agitando la movilización social con dos fechas: la Diada y el día en el que han convocado el referéndum. Mientras, en Moncloa desconcierta la posición de Pedro Sánchez, que reclamó una salida política. El Gobierno responde que lo urgente es garantizar la legalidad.