Una interventora desaconsejó a Trias alquilar el «Banc Expropiat»

Un centenar de okupas realiza en el paseo de Gràcia un escrache al propietario

Pese a los días de relativa calma en el barrio de Gràcia, la polémica por el «Banc Expropiat» sigue trayendo cola. Una interventora municipal advirtió al equipo de gobierno del entonces alcalde Xavier Trias (CiU) de que el contrato de alquiler con el propietario dela entidad financiera para evitar que los okupas fueran desalojados no cumplía con los motivos de interés público previstos en la ley.

En un escrito, al que tuvo acceso Efe, la interventora municipal adjunta del Ayuntamiento de Barcelona rechazó, en enero de 2015, los argumentos favorables al alquiler sostenidos por el departamento de secretaría del Consistorio, y concluía que los motivos de interés público alegados para acordar el alquiler no se correspondían con lo previsto en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

El informe de intervención está fechado el 29 de enero de 2015, justo el mismo día que la misma interventora autorizó la aprobación de la justificación del gasto del contrato, que firmó con efectos a 1 de enero de ese año el entonces primer teniente de alcalde de Barcelona, Joaquim Forn.

La Fiscalía abrió una investigación a Trias para averiguar si cometió un delito de malversación por pagar con fondos públicos a la sociedad Antartic Vintatge, propiedad del dueño del local, el alquiler de 65.500 euros anuales del banco «okupado», para evitar disturbios en caso de desalojo.

El fiscal solicitó a la Policía Nacional que recabe toda la información disponible sobre el alquiler de este local, una antigua sede de Caixa Catalunya que estaba abandonada cuando los okupas la tomaron en 2011, y a la que el Consistorio también satisfizo en el contrato de arrendamiento el IBI y la tasa de la basura.

La alcaldesa, Ada Colau, rechazó prorrogar el contrato de alquiler, que vencía el 1 de enero de 2016, aunque era prorrogable, al estimar que se hizo un mal uso de fondos públicos, por lo que el promotor reanudó los trámites judiciales para proceder al desalojo del local, que los Mossos ejecutaron el pasado 23 de mayo, lo que desató tres noches consecutivas de disturbios.

En su informe de fiscalización, el servicio de intervención municipal desestima los argumentos favorables al alquiler esgrimidos por el área de Secretaría municipal, fechado el 19 de enero.

En este informe favorable, la Secretaría municipal alegaba que, «desde un punto de vista de oportunidad», al Consistorio le interesaba concertar el arrendamiento, para evitar que el desalojo acabara en un «conflicto social» y para garantizar que se mantuvieran activas las actividades que los colectivos del «Banc Expropiat» hacían para los vecinos.

El área de Secretaría municipal hacía constar que, ante las dificultades de interlocución entre la propiedad y los okupas, se inició un procedimiento de desalojo por parte del dueño, con el riesgo de que el desalojo del local pudiese derivar en «alborotos, lo que supondría poner en peligro la paz social en el barrio».

Por otra parte, más de un centenar de activistas vinculados con estos sucesos participaron la tarde de ayer en un escrache ante unas oficinas de paseo de Gràcia, propiedad del dueño del local del «Banc Expropiat», Manuel Bravo Solano. La protesta se desarrolló sin incidentes y bajo control policial.