Carmena copia el impuesto al turismo de Colau

El Ayuntamiento ultima un acuerdo con las plataformas de alquiler de pisos turísticos para cobrar a través de ellas una parte de lo recaudado a los propietarios.

Julio de 2015: el concejal de Hacienda del Ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena asegura que quiere poner una tasa al turismo y otra a los cajeros automáticos. La regidora aprovechó una reunión con Cristina Cifuentes para negarlo: «No hay que inquietarse. No está previsto», dijo.

Enero de 2017: el Ayuntamiento comienza a cobrar una tasa a los bancos por sus cajeros a pie de calle. Mayo 2017: el Ayuntamiento anuncia que cobrará a través de las plataformas de alquiler de pisos turísticos, como Airbnb o Homeway, una tasa por el alquiler de pisos. Ayer no fue Carmena, sino su concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, quien adelantó a Europa Press que el cobro de este impuesto se hará «de acuerdo» con estas plataformas que repercutirán el cobro municipal a los propietarios de las viviendas o «anfitriones», tal y como se hacen llamar. Y serán las compañías las que emitirán lo recaudado a la Administración mediante un proceso automatizado, tal y como se hace en otras ciudades europeas. Esto, en la práctica, lleva a los propietarios a subir el precio del alquiler de sus viviendas, al menos, en proporción a la tasa que deban pagar. En otras ciudades, como Lisboa, Londres o París, el precio de la tasa es de aproximadamente un euro por noche y pernoctación. El argumento de los de Carmena es que esta actividad no debe regularse de la misma manera que la de los profesionales, sin embargo, en la medida en la que generan una actividad económica deben estar sujetos a unas reglas.

La medida parte del Gobierno de Ahora Madrid y su «cruzada» contra lo que se ha llamado como la «turistificación» o «gentrificación» del centro de Madrid, es decir, la expulsión de los vecinos de toda la vida del centro de las ciudades hacia la periferia y su sustitución por turistas; un fenómeno que se está produciendo en las zonas más céntricas y que provoca una subida del precio de los pisos y una «turistificación» de todos los servicios.

Aunque en Madrid sólo ha empezado a asomar, esta tendencia es ya un problema en Barcelona. En 2012 la Generalitat creó una tasa que comenzó cobrando un euro por noche a todos los turistas que pernoctaban en Cataluña. En la actualidad, se paga 2,5 euros en los hoteles cinco estrellas, pero la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quiere endurecerlo no sólo subiendo los precios, también cobrando por pasar más de 12 horas en la ciudad –aunque no se duerma en ella– con el objetivo de recaudar de los turistas de cruceros, un sector en el que la Ciudad Condal es líder en toda Europa.

Aunque el fenómeno en Madrid apenas se acerca la masificación de Barcelona, tal y como admiten en el propio Gobierno de Carmena, lo cierto es que en el último año el alquiler ha subido un 14,6%, según datos del Banco de España, alcanzándose un máximo histórico en el centro y rebajándose en la periferia. Y si se atiende al número de pisos turísticos, en el registro de la Dirección General de Turismo de la Comunidad sólo hay registrados, y por tanto legalizados 3.000; sin embargo, la cifra de viviendas que se alquilan a través de plataformas como Airbnb es más del doble. En concreto, según la actualización realizada por esta plataforma en marzo de este año, hay un total de 7.691 viviendas que se alquilan enteras por noches, 4.856 habitaciones y hasta 228 habitaciones compartidas. Según este portal el precio medio por noche es de 67 euros y los ingresos mensuales que generan de media a los propietarios es de 504 euros.

El acuerdo que el Ayuntamiento de Madrid está buscando con estas plataformas en las que se cuelgan los anuncios tiene tres pilares. En primer lugar se exigirá que quien anuncie la vivienda en estas páginas webs sea su propietario y no una empresa, lo que se conseguirá con un certificado de empadronamiento. En segundo lugar, se creará un plazo máximo de alquiler: no podrá ofertarse un piso durante todo el año dado que, entonces, debería regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos. El tope podrá estar en 60 días, aunque en otras ciudades como París está en cuatro meses, y en Londres en 90 días. Una vez se superan los días pactados entre Ayuntamiento y las plataformas, el anuncio desaparece de la página web hasta el siguiente año.

El tercer punto es el económico: el Ayuntamiento exige que una parte del rendimiento económico que obtiene el llamado «anfitrión» vaya a las arcas municipales.

Asimismo, desde el consistorio de Manuela Carmena volvieron a pedir ayer a la Comunidad que regule o «ceda» competencias sobre este tipo de viviendas turísticas. El portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, fue el encargado de responder al concejal de Urbanismo de Carmena: «Estamos trabajando en alguna regulación del uso de estas viviendas, pero sin llegar al carácter prohibicionista que representa la actitud de Podemos en Barcelona y Madrid», afirmó. Garrido añadió que «en ningún caso aplicaremos una tasa».

Según explicó a LA RAZÓN Carlos Chaguaceda, director general de Turismo en la Comunidad de Madrid, «el Ayuntamiento no tiene competencias ni para imponer una tasa ni para regular los apartamentos turísticos». Chaguaceda añadió que la primera Comunidad que reguló esta actividad fue la de Madrid, en 2014, sin embargo recordó que en mayo de 2016 el TSJM anuló el decreto por el cual el Gobierno regional prohibió el alquiler de viviendas privadas menos de cinco días. «Ha sucedido igual en Canarias, cada vez que se quiere poner un tope, la Justicia lo ha tumbado». El «problema es que no existe el término «vivienda turística», explica, «son viviendas y como tal pueden alquilarse el tiempo que se quiera, incluso dejarlas vacías», explica. Chaguaceda añade que es competencia de Hacienda vigilar que los propietarios declaren los ingresos por estos alquileres y de los ayuntamientos velar por la seguridad.

Airbnb declaró ayer que quiere ser «buen socio» de Madrid y señaló que su modalidad de alojamiento generó el pasado año 447 millones de euros en la ciudad. La plataforma exigió «reglas claras».