El Ayuntamiento pagará el abogado a los chabolistas que denuncien por derribo

Carmena subvencionará la asesoría jurídica a los vecinos

de la Cañada Real que pleiteen contra el Consistorio.

El concejal de Coordinación Territorial y Asociaciones, Nacho Murgui, presentó ayer un ambicioso plan con el que el Ayuntamiento de Madrid quiere acabar con los desequilibrios entre los distintos distritos, de modo que las inversiones se destribuyan de forma equitativa. En total, el consistorio destinará 30 millones de euros al Fondo de Reequilibrio Territorial, que se traducirán en más de un centenar de acciones. Así, habrá partidas para viviendas de alquiler que combinen el uso residencial, gestionado de manera cooperativa, con dotaciones singulares, como centros cívicos o pequeñas bibliotecas; acciones sobre energías renovables, o un proyecto emblemático en el Mercado de Puerta Bonita, si bien aún no se ha detallado la cantidad destinada a cada partida, ya que algunas aún están en desarrollo. Entre estas últimas está una medida destinada a los vecinos de la Cañada Real a su paso por el distrito de Vicálvaro, y consiste en un «Programa de asesoramiento jurídico para personas de la Cañada, especialmente en tema de derribos». Se da la circunstancia de que es el propio Ayuntamiento de Madrid quien tiene la responsabilidad de controlar las edificaciones ilegales en este entorno, por lo que, de ser así, el equipo de Manuela Carmena va a financiar un equipo jurídico para que los vecinos de la Cañada pleiteen contra el consistorio.

Desde el Área de Desarrollo Urbano Sostenible explicaron que la competencia de disciplina urbanística –que depende de la Subdirección General de Inspección Técnica de Edificios, Disciplina Urbanística y Control de Edificación– incluye la supervisión de que todas las construcciones de la capital cumplan con los requisitos de habitabilidad, seguridad, salubridad, calidad de los materiales, que cumpla con los reglamentos y se haya levantado en suelos en los que esté permitido según el Plan General de Ordenación Urbana, entre otras cuestiones.

En caso de detectar irregularidades, desde el área detallan que la «casuística es inmensa», puesto que depende tanto de la deficiencia detectada como de la situación de la vivienda y de sus inquilinos, propietarios o arrendatarios. Así, el Ayuntamiento de Madrid puede realizar un informe y enviarlo al juzgado si, por ejemplo, se trata de una operación de seguridad y se está delinquiendo en el interior de lo que luego resulta ser una infravivienda. En otros casos, es necesaria una «evacuación, que no un desalojo», porque haya peligro para las personas o, en caso de una chabola, porque se lleve a cabo un plan de reinserción social. Cualquiera de estas condiciones y muchas otras, pueden llevar a que el Ayuntamiento inste al derribo de la vivienda, o cumpla un mandato judicial para efectuarlo.

De hecho, hace casi una década y precisamente en la Cañada Real se derribaron decenas de infraviviendas porque no cumplían con las condiciones mínimas de habitabilidad que desataron un conflicto entre el Ayuntamiento y los vecinos tanto legal como social. Hasta el punto de que el Tribunal de Estrasburgo intervino sobre uno de los derribos, instando a que se diese una alternativa habitacional al propietario, y hubo batallas campales entre vecinos y Policía para evitar el paso de las excavadoras. Entonces, la Federación Regional de Asociaciones de Madrid, que dirigía Nacho Murgui, reclamó al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que paralizase los derribos y pusiese en marcha un plan integral de medidas sociales para la Cañada Real.

Entonces, la Subdirección General de Régimen Jurídico y Control de Edificaciones del Área de Urbanismo realizó un informe sobre las construcciones de la Cañada en el término muncipal de la capital. De este modo se determinó que la mayoría eran viviendas unifamiliares sin licencia muncipal que estaban en situación alegal ya que habían pasado más de cuatro años desde que fuesen levantadas y constasen de un modo u otro –recibos de suministros, dirección postal o empadronamiento– por lo que ya había prescrito la indisciplina urbanística. Sobre más de un centenar de ellas en la zona de Vicálvaro el consistorio había levantado órdenes de desalojo en virtud de una jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que defendía su derribo por distintos motivos, que llevaron a su vez a prolongados procesos judiciales en cada uno de los casos. Además, el informe distinguía aquellos inmuebles que serían responsabilidad de la Comunidad de Madrid porque la Cañada es un bien regional de dominio público y tiene capacidad para recuperar el terreno y puede instar un derribo.

Órdenes judiciales

Junto a las dos administraciones, también existen motivos de seguridad y judiciales –como el caso de las edificaciones de los clanes de la droga–, que también fundamentan la demolición de viviendas, chabolas o infraviviendas en la Cañada Real. Cuestiones de Ley que el Ayuntamiento de Madrid como administración pública debe acatar y hacer cumplir, por lo que asesorar jurídicamente a los afectados por órdenes de derribo podría entrar en conflicto con las atribuciones básicas del consistorio.

Desde el Área de Coordinación Territorial y Asociaciones no detallaron en qué consiste el programa de asesoramiento jurídico para personas de la Cañada, especialmente en tema de derribos, pero precisaron que será para «los temas que sean coherentes con la actuación del Ayuntamiento de Madrid».