Maestre admite que el desmontaje de la fachada del Edificio España es legal

La portavoz y el delegado de Urbanismo avalaron un informe que daba la razón a Wanda

La semana que arranca mañana se antoja clave para el futuro del Edificio España y del conjunto de las inversiones del grupo Wanda en la capital, con las operaciones «Mahou-Calderón» y «Campamento» también en el punto de mira. No hay una fecha concretada, pero el delegado de Urbanismo, José Manuel Calvo, avanzó el pasado miércoles su intención de reunirse con los responsables del grupo chino a lo largo de los próximos días. El principal desencuentro entre Wanda y el Gobierno de Ahora Madrid gira en torno a la petición de los dueños del rascacielos de desmontar la fachada para proceder a la reforma integral del interior con el fin de transformarlo en un hotel con área de ocio y comercial y viviendas de lujo. Los expertos que han asesorado a la empresa de Wang Jianlin defienden que se trata de la opción más segura.

Esta posibilidad es rechazada de plano tanto por el consistorio como por la Comisión Local de Patrimonio Histórico, presidida por la directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Paloma Sobrini. Ambas administraciones conminaron a Wanda el pasado mes de octubre a llevar a cabo la reforma del edificio sin proceder al desmontaje de la fachada, al no «haber quedado acreditada de forma fehaciente la imposibilidad técnica de ejecución de las obras permitidas con mantenimiento de los elementos catalogados». La propia Sobrini subrayó entonces que «aun no teniendo un relevante valor arquitectónico, el edificio es emblemático y constituye un icono en la memoria colectiva de los madrileños».

Frente a este criterio, hasta tres altos cargos del Gobierno de Carmena reconocieron ese mismo mes que el procedimiento de reforma solicitado por Wanda es legal. La portavoz del Ejecutivo, Rita Maestre; el delegado de Urbanismo, José Manuel Calvo; y la directora general de Control de la Edificación, Ana Perpiñá, contestaron el 30 de octubre a una petición de información formulada por el Partido Popular con un escrito en el que afirman que el desmontaje de edificios protegidos está contemplado y previsto dentro de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997.

La firma de Maestre, Calvo y Perpiñá avala el informe de la Subdirección General de Control de la Edificación en el que se informa de que el «artículo 4.3.9 apartado 7.c) ‘Obras de Reconstrucción –de las normas del PGOU– determina que cuando en algún edificio con protección en los grados volumétricos o parcial no sea técnicamente posible la ejecución de las obras permitidas manteniendo un elemento catalogado, se podrá solicitar su desmontaje y posterior reconstrucción con los mismos materia, forma y dimensiones que tenía en origen».

Ha sido precisamente este argumento legal el que Wanda ha enarbolado en estos meses. Cuarenta expertos –Valladares Ingeniería, Arup, Foster Partners, Estudio Lamela, Rafael Anduiza y Antonio Ros, entre ellos– respaldaron este criterio técnico a través de informes que señalaban que el desmontaje por partes y controlado para la posterior reconstrucción idéntica de la fachada era una solución factible y legal.