Muerte digna, por unanimidad

La Asamblea reconoce, a propuesta del PSOE, el derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos en habitaciones individuales en centros públicos o privados o incluso, en sus casas.

Los cuatro grupos con representación en la Asamblea aprobaron ayer por unanimidad la Proposición de Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir. La norma llega, a propuesta del PSOE, con el objetivo de regular y garantizar lo que se conoce como una muerte digna. Es decir, reconoce para todos los madrileños por igual una serie de derechos al final de la vida, como el de recibir cuidados paliativos integrales incluso en el domicilio particular.

La ley considera dentro de estos cuidados paliativos el tratamiento del dolor y la sedación paliativa. Así, obliga a los centros sanitarios a garantizar a los pacientes en situación terminal que deban ser atendidos en régimen de hospitalización una habitación individual durante su estancia, aunque también reconoce el derecho de éstos a recibir estos cuidados en su domicilio. Además, podrán estar acompañados permanentemente por un familiar o allegado. La ley también obliga a que los centros sanitarios tengan o estén vinculados a un Comité de Ética Asistencial con funciones de asesoramiento para los casos que planteen conflictos éticos entre los profesionales sanitarios y los pacientes o entre estos y las instituciones sanitarias. Además, en el texto se reconoce también el derecho de los pacientes a la información asistencial, a la toma de decisiones y a formular instrucciones previas, que podrán realizarse en todos los centros sanitarios, tanto públicos como privados.

El diputado socialista y médico de profesión, impulsor de la iniciativa, José Manuel Freire, destacó ayer que Madrid es la octava comunidad que aprueba una ley de esta naturaleza y puso el acento en el reconocimiento que la ley hace de la sedación paliativa. En lo referente a este capítulo, la ley recoge el derecho de los pacientes a recibir y a rechazar tratamientos, sedación paliativa y medidas de soporte vital. El texto también deja claro que la sedación paliativa debe administrarse para «reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal» y exige el consentimiento explícito de éste o de un representante. Para los casos de «sedación agónica» el texto apunta que «el fallecimiento debe atribuirse a la consecuencia inexorable de la evolución de la enfermedad y de sus complicaciones, no de la sedación».

La proposición socialista reconoce el derecho de los pacientes a la sedación paliativa siempre que «el dolor, o cualquier otro síntoma que produzca molestias severas, son refractarios al tratamiento específico, aunque ello implique un acortamiento de su vida. La administración de sedación paliativa deberá ajustarse a un procedimiento que contemple las circunstancias específicas de cada paciente y los métodos a utilizar según la situación clínica en cada caso.

Freire defendió esta ley frente a representantes de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, presidida por Luis Montes, el doctor investigado en 2005 tras dos denuncias anónimas por sedaciones «elevadas» en enfermos terminales en el Servicio de Urgencias del Severo Ochoa que él coordinaba. La Justicia archivó el caso en 2007 porque, pese a acreditarse «mala praxis» no se pudo demostrar causara muertes. Por parte del PP, la diputada Regina Plañiol defendió que en la Proposición de Ley «no existe un derecho como tal absoluto a la sedación paliativa», sino que ésta se incluye entre los cuidados paliativos, «pero como un cuidado más, cuando así lo aconsejen las circunstancias específicas de cada paciente».