Querella contra Carmena y Leira: tres delitos y hasta 15 años de prisión

Manos Limpias pide al juzgado que reclame las cuentas bancarias del matrimonio y sus declaraciones de los últimos cuatro años.

Los delitos que imputa Manos Limpias a Eduardo Leira, marido de la alcaldesa de Madrid –contra la Seguridad Social, contra los trabajadores e insolvencia punible–, están castigados con penas que oscilan entre los dos años y medio y los 15 años de cárcel. En el caso de Manuela Carmena, a quien el colectivo de funcionarios considera cooperadora necesaria de esa insolvencia punible con la que, supuestamente, Leira habría eludido el pago a sus trabajadores, el delito acarrea una pena de entre uno y cuatro años de prisión.

La querella –remitida a los juzgados de la capital por la jueza de Segovia que se hizo cargo de la denuncia del colectivo de funcionarios– desgrana las consecuencias penales que acarrean las conductas que atribuye Manos Limpias a la regidora y a su esposo por el proceso que concluyó en 2011 con la declaración de insolvencia de i3 Consultores, el despacho de arquitectura de Leira, lo que impidió a los trabajadores que tenía en nómina cobrar sus deudas pendientes con el arquitecto. El abogado de la alcaldesa de la capital de España y de su marido se puso en contacto ayer mismo con la procuradora del colectivo de funcionarios en relación a este asunto, según confirmaron fuentes jurídicas.

Según detalla en la denuncia el abogado de Manos Limpias, Pedro Muñoz Lorite, el hecho de que cuatro arquitectos de la empresa de Lorite estuvieran dados de alta como autónomos, encubriendo supuestamente una verdadera relación laboral, supuso una defraudación, al eludir el pago a la Seguridad Social de las cuotas correspondientes.

El artículo 307,1 del Código Penal castiga ese fraude con pena de prisión de uno a cinco años y una multa de hasta seis veces la cantidad impagada, siempre y cuando las cuotas defraudadas superen los 50.000 euros, una cuantía que –en caso de que se admita a trámite la denuncia– deberá determinar la propia Seguridad Social a instancias del juez instructor que conozca el asunto. Para determinar ese montante, «se estará al importe total defraudado durante cuatro años naturales» (el trabajador con mayor antigüedad de los cuatro que reclamaron judicialmente a Leira empezó a trabajar para i3 Consultores en marzo del año 2005).

En cuanto al delito contra los derechos de los trabajadores que Manos Limpias imputa al arquitecto –por mantenerlos como «falsos autónomos cuando realmente eran trabajadores por cuenta ajena» y firmarles un contrato con una categoría laboral inferior a la que les correspondía– está castigado con penas de prisión de seis meses a seis años.

Por último, el supuesto vaciado patrimonial que terminó en la insolvencia de la empresa acarrearía, en caso de que se considere insolvencia punible, una pena de uno a cuatro años de prisión. Manos Limpias mantiene que Carmena actuó como cooperadora necesaria al convertirse «en avalista de su marido» en un crédito solicitado por su empresa y recibir a posteriori en compensación el 100% de una finca propiedad en El Espinar (Segovia), lo que abocó a i3 Consultores a la situación de insolvencia que impidió cobrar a sus trabajadores. Sin esa actuación, «el delito no se habría producido», recalca el letrado del colectivo de funcionarios, que cita jurisprudencia del Tribunal Supremo para asegurar que el cooperador «no tiene por qué tener intención de defraudar a los acreedores del deudor cuando éste ya conozca que con su participación está cooperando en la ejecución del mismo delito».

El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid archivó una denuncia por alzamiento de bienes en relación a los mismos hechos, aunque no entró a valorar el posible fraude a la Seguridad Social ni el delito contra los trabajadores que ahora incorpora a su denuncia Manos Limpias.

Entre otras diligencias, el abogado del colectivo de funcionarios pide al instructor que reclame al matrimonio la escritura de separación de bienes que firmó en noviembre de 1993 y sus declaraciones fiscales, que el Banco de España relacione todas las cuentas bancarias de Carmena y Leira, y que se tase la finca de El Espinar para comprobar si se vendió a precio de mercado.