Sus okupas las denuncian por usurpación

La Justicia investiga por hurto y realización arbitraria del propio derecho a las propietarias de un piso que cambiaron la cerradura para librarse de una familia que residía ilegalmente en su casa

Maribel era quien más regentaba la casa, que visitaba mensualmente para mantenerla en condiciones de habitabilidad, hasta que un día, durante la primavera del año pasado, se topó con los indeseables inquilinos: okupas. «Yo ni me imaginaba que podían estar dentro», recuerda incrédula Maribel. De inmediato, la hija de Antonia llamó a un cerrajero y, entonces sí, ante el destrozo que había sufrido su casa, supo que estaban siendo víctimas de una usurpación en una zona en la que, según afirma Maribel, «hay más de 70 viviendas ocupadas ilegalmente». Con la Policía ya en el lugar de los hechos, apareció Hmaidou que, con total naturalidad, se defendió sin miedo como el residente de la vivienda en posesión de «un contrato» y, por tanto, se negó categóricamente a abandonar «su hogar». Con un papel en la mano a nombre de una tal Antonia –literalmente, porque los apellidos se los habían inventado, tal y como apunta Maribel–, sosteniendo haber sido engañado por una desconocida a pie de calle, este hombre logró que su familia durmiera aquella noche de abril de 2015 y las que siguieron en casa de Antonia Morales.

«Esto lo que demuestra es el dominio total que tiene esta gente de nuestra legislación. Ellos saben que, en el momento en el que agiten un contrato (así el contrato sea evidentemente falso, así cuenten una película de que se lo ha firmado una señora en un parque, así no coincidan los datos), de allí ya solamente les puede echar un juzgado». Con estas palabras, Javier Prudencio Morillas Padrón, abogado de las propietarias, resume el que para él es el verdadero conflicto social al que se enfrenta España hoy en día, y cada vez más. Como demostración, el letrado recuerda también que Malika y Hmaidou no titubearon a la hora de recurrir la sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Fuenlabrada que, tras la denuncia interpuesta por sus clientas en abril del año pasado, condena a los dos okupas por usurpar la vivienda de Antonia. Igualmente, Morillas Padrón insiste en que, a diferencia de lo que hicieron Marisol y Maribel –que, desconocedoras de los entresijos de la ley y antes de contar con el asesoramiento profesional de Javier, «no se les ocurrió pedir una medida cautelar»–, ellos, cuando ponen su denuncia en septiembre de este año, «lo primero que hacen –y lo hacen además metiendo un manuscrito de su puño y letra en el propio juzgado– es pedir volver a la vivienda».

¿Y qué ganan con todo esto? Tiempo. El que necesitaron Javier y sus clientas para conseguir que el Juzgado de Instancia número 5 de Fuenlabrada aceptara a trámite su demanda de desahucio y dictara sentencia hace poco más de un mes; el que se consume mientras las verdaderas víctimas de este «proceso de Kafka» se ven obligadas a argumentar lo evidente ante la pretensión de los okupas de volver a la casa; el que transcurre hasta que el Juzgado de Instrucción número 1 declara firme su sentencia el pasado día 19 de octubre. Pero, sobre todo, tiempo que, desde que a Malika se le ocurriera interponer una denuncia por usurpación contra Marisol y Maribel, está acabando con la paciencia de dos mujeres que se han visto obligadas a abrirles la puerta a sus propios okupas para que pudieran recuperar sus pertenencias y para que, aun así, éstos se atrevieran a acusarlas de ladronas.

Ahora, con dos sentencias firmes a su favor en la mano y la denegación a los okupas de volver a instalarse en la vivienda, Marisol y Maribel han recibido hace algo más de una semana la notificación del Juzgado de Instrucción número 4 de Fuenlabrada que las llama a declarar el próximo mes de enero, imputadas por los delitos de realización arbitraria del propio derecho y de hurto. Es decir, que cuando, alertadas por el resto de vecinos del inmueble, las hijas de Antonia supieron de la marcha de los okupas el pasado mes de agosto y procedieron a cambiar la cerradura de la puerta para recuperar su piso (que, además, abrieron previamente con las llaves que los okupas habían dejado en el buzón), el juzgado cree que, si bien difícilmente pueden ser imputadas por usurpación, podrían haber cometido el error de algo así como tomarse la justicia por su mano. Por si fuera poco, Malika asegura que había dejado algunos enseres en la casa que ya no están, tales como pañales, con lo que se considera oportuno investigar el caso.

Pero a ellas no les apetece nada. Porque están agotadas, porque han visto a su madre sufrir un infarto en medio de este caos y porque se sienten tratadas por la Justicia como delincuentes. Marisol muy pausada, con la mirada triste y un hilo de voz suave y quebrada; Maribel exaltada, con los ojos fijos en quien la mira y el discurso firme y sin miedos; pero las dos indignadas al mismo tiempo, expectantes por conocer el desenlace de una historia dantesca. «El primer final posible es que España sea un país formal y serio y, por lo tanto, mis clientas resulten absueltas o no lleguen ni a juicio; el segundo final posible es que la Justicia mande a 1.300 millones de árabes el mensaje equivocado». Seguro de sus palabras, el letrado termina así sus explicaciones, pues, tal y como afirma, éste no es un simple pleito entre sus clientas y unos okupas, sino que se trata de un «pleito social del sentido común y la legalidad contra una minoría que, de forma generalizada, está abusando del sistema y va a lograr ahogarlo».

15 empadronamientos ilegales en la vivienda

Una de las últimas sorpresas con las que se han encontrado Antonia y sus hijas se la ha dado el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues en su piso hay nada más y nada menos que una quincena de personas empadronadas y ninguna de ellas lleva los apellidos de la familia. Se trata de un documento simple, pero de gran valor para todos los residentes ilegales en España, y un argumento muy recurrente entre los okupas que se sienten legítimos inquilinos por ello. «No sabemos cómo se han empadronado, no tenemos acceso a esos expedientes; lo que sí sabemos es que, cuando mis clientas se han presentado en el Ayuntamiento de Fuenlabrada con las escrituras y con las sentencias judiciales, los propios funcionarios les han dicho que no desempadronan a esos 15 y que no las empadronan a ellas», narra el abogado de Marisol y Maribel convencido de que, a partir de aquí, el consistorio está siendo «cómplice» de la ocupación ilegal de la vivienda. Y es que, el único papel requerido para conseguir el empadronamiento en una casa en España es un recibo de la luz o del teléfono, y ya está.