La crisis PP- C’s en Murcia no afectará al pacto a nivel nacional

Las dos direcciones salvan su acuerdo nacional pese a la crisis abierta por la investigación al presidente murciano en el «caso Auditorio».

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, prestará finalmente declaración el próximo 6 de marzo en calidad de investigado por el «caso Auditorio», y esto desencadenó ayer el terremoto en el Gobierno autonómico que se veía venir. Sánchez se quedó en las últimas elecciones autonómicas a 900 votos y a un escaño de la mayoría absoluta, y sostiene su gobierno en un acuerdo con Ciudadanos (Cs), que desde la dirección de la formación naranja dejaron ayer en el aire bajo el ultimátum de que renuncie inmediatamente al cargo.

No obstante, las dos partes, PP y Cs, coinciden en salvar el acuerdo a nivel nacional de la repercusión de esta crisis en el plano regional, aunque estén en las antípodas en la interpretación del pacto autonómico y de las consecuencias de la situación en la que se queda el presidente murciano.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), instructor del «caso Auditorio», Julián Pérez-Templado, es quien le ha citado a declarar. Las diligencias se refieren al proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras de dicho auditorio en Puerto Lumbreras, cuando Sánchez era alcalde de esa localidad. Dentro de la investigación por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

Como informó este periódico la pasada semana, Pedro Antonio Sánchez cuenta con el firme apoyo de Génova para que continúe en el cargo y no dé un paso atrás, salvo que el proceso concluya en la apertura de juicio oral, es decir, «la imputación formal». Es la regla que sigue figurando en los Estatutos del PP después de su último Congreso Nacional, un apartado de sus normas internas en el que no introdujeron cambios pese a sus acuerdos con Ciudadanos, autonómico y nacional. La interpretación de la literalidad de ese pacto es lo que sirve a cada una de las partes para justificar sus posturas enfrentadas. El PP insiste en que el momento de abandonar el cargo es cuando se produce la apertura de juicio oral, y para Albert Rivera basta con la investigación judicial si es corrupción política. Pero esto último tampoco es lo que afecta al presidente de Murcia según el PP, que afirma que es un caso de investigación «sólo por una posible prevaricación administrativa».

El presidente murciano está dispuesto a resistir la presión de la formación naranja porque sostiene que no está incumpliendo lo acordado. Tesis que se fundamenta en los dos argumentos que enarbola también Génova. Que sólo se le ha citado como investigado, para que «declare para aclarar» todo aquello que considere oportuno, no es una imputación formal. Y aportará informes técnicos y peritaciones «que demuestren que no se han producido los hechos de los que se le acusa en la denuncia». Y también alegan que se le investiga por «una posible prevaricación administrativa, un error administrativo, y después de que el perito fiscal haya reconocido, a su vez, que el dinero invertido fue a la obra, y que no falta dinero». El acuerdo que Pedro Antonio Sánchez firmó con Ciudadanos establece como obligación la dimisión de aquellos cargos públicos imputados por corrupción política. Y el dirigente popular mantiene que cumplirá ese acuerdo, pero niega que aquí haya delito de corrupción y entiende que todavía no hay una imputación formal.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió ayer «prudencia» y apeló a la «presunción de inocencia» en una rueda de prensa en Málaga, tras la XXV Cumbre Hispano-Francesa celebrada con el presidente de la República Francesa, François Hollande.

«Prudencia», sentenció Rajoy al ser preguntado si mantiene su respaldo a Pedro Antonio Sánchez. Seguidamente, remarcó que la presunción de inocencia «es uno de los derechos humanos más importantes de los que disponemos las personas». Y también recordó que el presidente murciano «ha tenido 16 archivos en los dos o tres últimos años».

En este gesto de apoyo expreso Rajoy se refería a las 16 causas judiciales archivadas del PSOE contra Pedro Antonio Sánchez. En 9 ocasiones por vía penal y en 7 ocasiones por procedimientos contencioso administrativos. La denuncia que ha dado lugar al denominado «caso Auditorio» es la número 17 del PSOE. Fue presentada directamente ante la Fiscalía el día 15 de octubre por el secretario general socialista de Puerto Lumbreras contra más de una veintena de funcionarios técnicos del Ayuntamiento y la comunidad, así como arquitectos y responsables técnicos de la obra.

En el escenario que ayer se abrió, con la izquierda buscando ya la moción de censura, y Ciudadanos exigiendo su relevo, la intención del presidente de Murcia, y la dirección del PP sostiene que le apoya, es aguantar la presión política, incluso aunque se le presente esa censura. En las filas populares están convencidos de que no prosperará porque exige el acuerdo de Ciudadanos, PSOE y Podemos. Y también creen que la presión de todos contra él no le perjudicará «en su apoyo popular». «No habrá sustitución, dimisión o cese porque no hay razones para ello. No está imputado formalmente y no hay corrupción política, puesto que como reconoce el propio perito del fiscal todo el dinero está en la obra», argumentan. Génova descarta también que presenten otro candidato al congreso regional del PP que se celebrará a mediados de marzo.

Podemos anunció inmediatamente que promoverá la moción de censura. El PSOE exigió su dimisión y anticipó que hablará con otros partidos «si hay enrocamiento». Y Ciudadanos instó al PP murciano a apartarle y promover otro candidato. Presión pública, pero no concretaron si presentarán una moción de censura o buscarán un acuerdo tripartito, según las fuentes consultadas por este diario. Albert Rivera forzó un relevo en su organización regional en la negociación de la investidura de Sánchez por sus coqueteos con la izquierda contra la lista más votada.