Madrid- Prometieron agotar todas las vías judiciales, y lo han cumplido. Un grupo de ciudadanos españoles presentó ayer en Estrasburgo la primera demanda contra España por la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), que reúne 105 casos de 305 padres e hijos que han objetado contra esta materia. La demanda invoca los artículos 8 (Derecho al respeto de la vida privada y familiar), 9 (Libertad de pensamiento conciencia y religión) y 2 del Protocolo número 1 (derecho a la educación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, el escrito también expresa la queja por la violación del artículo 14 (Prohibición de discriminación) del convenio y solicita una compensación equitativa, sin cuantificar, por «los daños morales causados». También se pide la aplicación de medidas provisionales (art. 39 del Reglamento del Tribunal) «que obliguen al Estado español a no forzar la entrada de los niños en clase de EpC». Uno de los abogados, José Luis Bazán, aseguró que los demandantes «no renuncian a sus derechos» y es el Estado «quien tiene que renunciar a su arbitrariedad».