Democracia directa

La decisión del tribunal sobre la situación legal de Doña Cristina hace del contribuyente español parte perjudicada por la conducta supuestamente defraudatoria de la Infanta. Así queda avalada la acusación particular, en detrimento de la doctrina según la cual no puede haber investigación judicial si el Estado no toma parte en la acusación. Como Hacienda somos todos, todos estamos representados por la acusación popular, mejor que por el Estado, ya sea Hacienda o la Fiscalía General. El pasado sábado, el PSOE, bajo la dirección de Pedro Sánchez, decidió poner en manos de los militantes la decisión de llegar a un acuerdo de gobierno con Podemos. Nadie en la estructura del PSOE se atrevió a discutir la novedad.

No se trata de poner en cuestión la legitimidad de estas decisiones. Sí de comprender las consecuencias. En el caso de la Infanta, parece complicado, a partir de ahora, ponerle algún límite a la acusación popular: no es difícil argumentar que todos estamos implicados en cualquier (presunta) transgresión de la ley. Así que cualquier organismo puede representarnos a todos, al «pueblo». En el caso de los socialistas, la decisión política queda en manos de las bases, metáfora del pueblo, pero es bien sabido que las «bases» o el «pueblo» quieren decir un grupo: el de aquellos que más interesados están en la decisión. Así que una decisión que afecta al conjunto acaba monopolizada por unos cuantos y el eje del debate se desplaza hacia los extremos, que son los que al final decidirán.

La participación de «todos», es decir la democracia directa, acaba pronto en el secuestro de la democracia por los radicales. Resulta difícil rescatarla de ahí, porque la minoría habla en nombre de «todos». En nuestro país estamos en ese punto en el que la apelación al pueblo, al «conjunto de la ciudadanía», se ha convertido en el toque indiscutible de la democracia... El caso es que ya existen instancias capaces de representar a todos porque son fruto del consenso y obligan al acuerdo negociado, lejos de las imposiciones de las minorías o de las mayorías. Son las instituciones. Las sociedades más ricas y más libres son aquellas en las que las instituciones se respetan e infunden confianza. Y es responsabilidad de las elites dirigentes cultivarla y, en su caso, restablecerla, no dinamitarla. Nadie se cree eso de que cada generación debe reinventar las reglas de la democracia parlamentaria.