El mejor primer trimestre de la crisis

Existe un amplio consenso sobre que la economía española va a desacelerarse a lo largo de los próximos trimestres: no sólo los organismos internacionales detectan nubarrones en el horizonte, sino que el propio Gobierno central ha terminado rebajando sus previsiones macroeconómicas para éste y el próximo año. Sin embargo, el primer trimestre de 2016 no ha mostrado todavía ningún síntoma de flaqueza: por un lado, el PIB creció a una de las tasas más elevadas de toda la crisis económica; por otro, el empleo exhibió su mejor evolución en toda la última década.

Empecemos por el PIB: pese a que el Banco de España estimó recientemente que nuestra economía había crecido un 0,7% en los tres primeros meses de este año –una décima menos que en el cuarto trimestre de 2015–, el Instituto Nacional de Estadística anunció este pasado viernes que España había mantenido su ritmo de expansión en el 0,8%. Se trata de la tercera mejor tasa de crecimiento de toda la crisis que, si se conservara durante el resto del ejercicio, arrojaría un crecimiento para el conjunto de 2016 idéntico al de 2015.

En cuanto al empleo, es verdad que, según los datos recientemente publicados por la EPA, entre enero y marzo se destruyeron 65.000 puestos de trabajo, pero éste es un fenómeno que suele producirse siempre a comienzos de año. De hecho, y por coger algo de perspectiva, en el primer trimestre de 2015 desaparecieron 115.000 empleos (casi el doble que este año), mientras que en el mismo periodo de 2014 se destruyeron 185.000. En materia laboral, estamos ante el mejor primer trimestre de toda la crisis: hasta el punto de que, durante los últimos doce meses, se han creado alrededor de 600.000 empleos.

Además, aquí ni siquiera caben las manidas excusas que suelen utilizarse para echar por tierra la positiva marcha del mercado laboral. Primero: todos los puestos de trabajo desaparecidos durante este trimestre fueron de carácter temporal, mientras que los trabajadores indefinidos crecieron en 52.000 –más del doble de lo que lo hicieron en el mismo período de 2015–. Segundo, el número de horas trabajadas ha aumentado en el último año en casi 20 millones: no se trata de que los mismos puestos de trabajo se repartan entre un mayor número de personas, sino de que la actividad está expandiéndose para todos. Y tercero, las buenas cifras de empleo en este primer trimestre no son atribuibles a la Semana Santa: si eliminamos el componente estacional, el número de ocupados crece un 0,87% con respecto al trimestre anterior –mientras que en el primer trimestre de 2015 lo hizo un 0,57%–.

De momento, pues, la tan mentada «incertidumbre política» no está pasando ninguna factura a la economía española: al contrario, el mercado de trabajo parece haberse comportado mejor sin Gobierno que con él. Lo anterior, claro, no significa que las dudas sobre la estabilidad institucional de España –y, mucho más importante, sobre el tipo de políticas que pueden terminar aplicándose– no nos vayan a afectar: sólo significa que, hasta la fecha, la temida desaceleración no se ha manifestado en absoluto.

Quizá por ello, el nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno prevea que España reducirá su tasa de paro hasta el 13% en apenas cuatro años. No se trata de un objetivo imposible, pero no deberíamos caer en la complacencia de creer que la inercia actual nos servirá para alcanzarlo: si de verdad queremos afianzar la recuperación, es urgente perseverar en liberalizar los mercados y en ajustar en profundidad el gasto público.

El ajuste pendiente

España no sólo incumplió sus objetivos de déficit de 2015, sino que tampoco está haciendo los deberes para cumplir con los nuevos objetivos fijados para 2016. Pese a que la Intervención General de la Administración del Estado apenas ha publicado las cifras de ingresos y gastos de las Administraciones Públicas correspondientes a los meses de enero y de febrero, el déficit conjunto del Gobierno central, las autonomías y la Seguridad Social ya asciende al 1,14% del PIB, un tercio de todo el comprometido para 2016 y un 30% superior al del mismo período de 2015. De hecho, algunas autonomías como Extremadura ya han rebasado el desequilibrio del 0,7% de su PIB, el máximo que tienen permitido para todo el ejercicio. Claramente, pues, corremos el riesgo de volver a saltarnos la disciplina presupuestaria, lo que sólo contribuiría a poner en riesgo la credibilidad de la economía, a endeudar más de lo permitido a la totalidad de los españoles y a amenazarnos con futuras subidas de impuestos. No tiene ningún sentido que, con una economía creciendo todavía a elevados ritmos, el déficit público se halle tan enquistado en las cuentas estatales.

La amenaza

La última propuesta de Podemos para combatir la economía sumergida y el consecuente fraude fiscal consiste en permitir a los inspectores de Hacienda que actúen de incógnito. Se trata, pues, de un paso más en la dirección de socavar los derechos del contribuyente frente al rodillo totalitario del Estado. A la postre, la crisis fiscal del Estado ha llevado a muchos ciudadanos a aplaudir cualquier iniciativa política dirigida a incrementar los ingresos públicos, pero no deberíamos perder de vista que se trata de medidas absolutamente desproporcionadas que condenan a la población a una completa inseguridad jurídica frente a la administración pública. Si en muchas otras áreas de nuestras vidas rechazaríamos frontalmente el espionaje indiscriminado del Estado, en materia tributaria no deberíamos actuar de un modo distinto: al cabo, se trata de un ámbito donde el sector público ya disfruta de poderes avasalladores que dejan completamente indefenso al ciudadano frente a la arbitrariedad del burócrata de turno. No cedamos más.

«Brexit»: ¿oportunidad o riesgo?

La OCDE ha estimado el coste de una eventual salida de la Unión Europea por parte de Reino Unido en 3.200 libras por hogar. De acuerdo con Ángel Gurría, secretario general de este organismo internacional, el «Brexit» sería una mala decisión que ni siquiera debería haberse llegado a plantear. Sin embargo, la rotundidad de las declaraciones y de las llamativas cifras de la OCDE deberían ponerse en cuarentena: los efectos de un posible «Brexit» dependerán absolutamente del tipo de políticas que se apliquen acto seguido. Si Reino Unido aprovechara su salida de la UE para liberalizar la economía y para suscribir un tratado de libre comercio con Europa similar al de Suiza o Noruega, entonces los presuntos costes podrían tornarse en beneficios: no en vano, el «think tank» Open Europe calcula que su PIB podría ser un 1,6% superior en los próximos quince años. En cambio, si la separación va acompañada de un rearme proteccionista, entonces el país saldrá necesariamente perdiendo: el propio Open Europe pronostica, en tal caso, un pinchazo de su economía del 2,2% hasta el año 2030.