Las listas del Govern

No. El ex senador Santiago Vidal no es un loco. Ni tampoco alguien al que un día «se le fue la pinza» y habló más de la cuenta. No fantaseaba cuando dijo que la Generalitat enviaría a mediados de este año a empresas y particulares, una carta instándoles a pagar sus impuestos a la Agencia Tributaria Catalana en lugar de a la Hacienda Española. Tampoco mentía cuando habló de una partida de 400 millones de euros camuflada en los Presupuestos de 2017 para organizar el referéndum y construir estructuras de Estado. Y no mentía porque este mismo fin de semana hemos sabido que su revelación más escandalosa –que la Generalitat tenía ya una base de datos de los contribuyentes catalanes a partir del censo del Estado– ha sido confirmada por el propio secretario de Hacienda de la Generalitat. Por eso le harán dimitir como senador sus jefes de ERC; Neus Munté y Oriol Junqueras desautorizarán lo que dijo, pero la realidad es que todo ha sido confirmado por un funcionario del Govern. No hacen falta muchas más especulaciones.

Efectivamente, Lluís Salvadó, secretario de Hacienda de la Generalitat, contó este fin de semana que desde diciembre la Generalitat estaba «cruzando 130 fuentes de información» para «tener una base de datos solvente para afrontar el minuto uno de la independencia». Y la razón de este trabajo tan exhaustivo como ilegal no es otra que conseguir que la Hacienda catalana pueda disputar en un futuro a la española la recaudación de impuestos en la comunidad. Eso sí: se le olvidó decir a Salvadó lo que Vidal añadió a su revelación unos días antes: que esa base de datos se ha obtenido de una forma «absolutamente ilegal».

Las declaraciones del secretario de Hacienda, hechas en una conferencia en Terrassa organizada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), vulneran obviamente la Ley de Protección de Datos y, quizá como lo sabe, justificó esos trabajos describiendo un hipotético escenario de confrontación España-Cataluña: «Nosotros planteamos un solo escenario, el más chungo. Que durante un periodo de tiempo, que quisiéramos que durara muy poco, tengamos una cohabitación de dos legalidades y de dos legitimidades, y por lo tanto dos agencias tributarias que intenten cobrar impuestos». El más chungo dice. Llamar a lo ilegal «chungo».

¡Qué poco les ha faltado a las autoridades catalanas para mostrar hasta dónde llega su vulneración de la Ley! Estábamos aquí discutiendo si inhabilitar o no a los que convocaban referéndums y los apoyaban desde las instituciones, y resulta que otros personajes, amparados en la legitimidad del Govern, llevan meses trabajando listas de ciudadanos españoles que viven y pagan sus impuestos en Cataluña, para fines que tampoco tienen que ser los que ellos dicen.

El oscurantismo y la amenaza han aflorado mucho más rápido de lo que los más pesimistas anunciaban. Solo les ha faltado decir en sus adoctrinadoras conferencias que no hay otra forma de luchar contra el Estado opresor que utilizar la estrategia de la mafia. Elaborar listas de culpables, delatores, incumplidores, colaboracionistas, propietarios y trabajadores que no quieren colaborar con el futuro estado catalán. Y también les ha faltado hablar, en su inquietante futuro, de los espías que tienen trabajando y delinquiendo para preparar ese lúgubre porvenir.

El romanticismo que caracterizaba a algunos agitadores de banderas estrelladas ha dado paso no ya a la ilegalidad, sino a un trabajo inmoral en las cloacas del poder. Aquellas que elaboraban dosieres de cada ciudadano con sus datos, sus ingresos, sus amistades, sus puntos débiles... Dicen que van a cruzar 130 fuentes de información. La triste historia se repite.