Las pensiones y la jubilación

La comparecencia del Gobernador del Banco de España ante la Comisión del Pacto de Toledo ha vuelto a situar el régimen de pensiones y a la edad de jubilación en el centro del debate político y social. Es éste uno de nuestros problemas más importantes, pues el envejecimiento de la población, las tasas de natalidad negativas, el déficit del sistema de pensiones pese a la recuperación del empleo, el agotamiento de las reservas del Fondo de Garantía de las pensiones, y la amenaza para el empleo que supone la revolución robótica, hacen que el sistema actual sea insuficiente para dar una respuesta a semejante desafío.

Hay unanimidad en los partidos políticos y en la sociedad sobre la necesidad de buscar una solución, pero hay divergencias sobre cómo hacerlo. La receta de Podemos y los sindicatos pasa por “aumentar los ingresos y no por reducir los gastos”. Es decir, que paguen más los ricos y las empresas poniendo impuestos directos al beneficio de las eléctricas y de los Bancos, elevar las bases de cotización y el salario mínimo interprofesional, y derogar la reforma laboral que precariza los empleos. En palabras de Errejón, “trabajar menos y ganar más”. El milagro de los panes y los peces pagado por los “malvados” de siempre.

A los datos demográficos de la natalidad negativa hay que añadir que la edad promedio de jubilación real está actualmente en los 64 años. Y según el INE la esperanza de vida hoy de una persona de 65 años es de seis años más que en 1975, y de cinco años menos de la que tendrá una persona de 65 años en 2060. Pese a eso, en 2016 se han jubilado o prejubilado un 44% de trabajadores de menos de 65 años, cuando en 2007 lo hacían el 37,9%. Y el gasto anual en pensiones crece un 3% debido a que los que se incorporan al sistema lo hacen con pensiones más altas que las que tenían los que salen.

Ante este complejo panorama, el Gobernador ha propuesto elevar la edad de jubilación progresivamente hasta los 67 años, que las pensiones de viudedad y orfandad se paguen con los impuestos, y que se incentiven sistemas de pensiones privados que complementen el público. Y se ha opuesto a un incremento en las cotizaciones pues atacaría la creación de empleo y tendría un efecto contrario muy negativo.

La reacción sulfurada de la izquierda radical y sindical y la de la corrección política del resto de partidos parece avocar a un debate que se sustanciará con medidas a corto para ir haciendo frente a las necesidades más graves que surjan, pero sin abordar una solución a medio y largo plazo que cada vez se antoja más urgente. Pero hay hechos objetivos y soluciones que parecen inevitables. El aumento de la esperanza de vida ha superado los sistemas de previsión conocidos. Vivimos más y en mejores condiciones y parece razonable trabajar más años (ya lo contempla el Pacto de Toledo y Alemania). Debemos incentivar el aumento de la natalidad. Necesitamos crear más empleo para que haya más contribuyentes que perceptores, y encarecer el coste laboral lo impide y tiene un efecto contrario. Hay que dar libertad y estímulos a los trabajadores para dedicar parte de su salario a planes privados de pensiones como existe en otros países, pues la mano del estado ya no es garantía suficiente.

Coincido con el Gobernador más que con la izquierda y la corrección política, y cuanto más tardemos en aceptar lo evidente, más difícil y tardío será encontrar una solución.