«Lobbies»

El presidente del Gobierno propuso en el Debate sobre el Estado de la Nación, como medida anticorrupción, regular los «lobbies» o grupos de presión, es decir, esos grupos que se mueven alrededor del poder para lograr sus intereses. Propuso «medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites».

Esto no es novedoso. Al inicio de esta Legislatura el grupo parlamentario de la Izquierda Plural ya lo propuso, pero el partido gobernante lo rechazó –en la anterior Legislatura no– porque lo vinculaba a la reforma del reglamento del Congreso y al proyecto de ley de transparencia. Desde su cosmos ideológico, la Izquierda Plural ve «lobbies» sólo en esa triada del mal que son los grupos financieros, empresariales y especulativos, e ignora sus poderosísimos «lobbies» sindicales, ideológicos o de agitación social.

Ahora parece que, por principio, se mezclan «lobbies» y corrupción cuando no son realidades dispares, aunque tampoco están necesariamente vinculados. El propio sistema político y económico propicia «lobbies», de ahí que deban ligarse más que a la corrupción a la transparencia en el funcionamiento de las instituciones. Otros países –sobre todo anglosajones– hace tiempo que han creado registros de «lobbies» en los que se declaran sus actividades y a quién representan; sin ir más lejos, en Bruselas operan los «lobbies» y se acreditan ante el Parlamento Europeo.

Bien regulado y comprendido el «lobby» no es perverso: es la manifestación de una sociedad compleja en la que afloran diversos intereses que quieren ser, si no atendidos, al menos oídos en un Estado cada vez más regulador e intervencionista y por una clase dirigente que tiende a vivir en su burbuja. En el caso de la Justicia siempre he sostenido que las asociaciones judiciales deberían ser «lobbies» y actuar desde la unidad y con discreción, pero mis compañeros han optado por lo contrario: la atomización y el griterío sindicalizado. Así nos va.

Los «lobbies» no tienen porqué distorsionar el sistema democrático, lo malo es que sea el sistema político el que se distorsiona y el juego político, más que en el Parlamento, se ventila en la opacidad de los despachos. Ahí están los verdaderos lobbistas, no tanto en las asociaciones profesionales, empresariales o ciudadanas. Hay personas, entidades o verdaderos grupos de presión con enorme influencia y que formalmente no serían lobbies: por ejemplo ¿cuántas reformas legales no tienen detrás nombres y apellidos o un nombre comercial?

Sigo la lógica del Gobierno y puesto que quiere clarificar las actividades y límites de los «lobbies», bien podría empezar por un «lobby» planetario que es el «lobby» por excelencia: el «lobby gay». En esto del «lobby gay» me apoyo en un medio poco sospechoso, «El País». Hace unos meses informaba de cómo ese «lobby» –formado por un conglomerado de asociaciones y donantes instalados en Washington desde los ochenta– ha sido el mayor recaudador de fondos para Obama y del gran poder que tiene en la Casa Blanca. En España y, repito, como muestra de su propuesta para embridar a los «lobbies», el Gobierno debería empezar por ser consecuente y clarificar el panorama tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los «matrimonios» homosexuales, sobre todo para que los intereses de un grupo minoritario de presión no altere las bases jurídicas del matrimonio.

La sentencia dice que tan constitucional es regular ese «matrimonio» como dar a las uniones homosexuales un trato jurídico específico. Puesto que el Gobierno está empeñado en enderezar tantos males de la herencia recibida, este es uno de ellos y no precisamente menor. Intuyo que no quiere ni oír hablar de esto y que dictada esa sentencia –parece encantado de haber perdido su demanda– lo tiene como asunto archivado. Todo lo contrario.

Y otra muestra de coherencia con sus planes anticorrupción, con su programa electoral y su electorado, sería poner en su sitio al «lobby» de las clínicas abortistas, a la patronal del aborto. Recuérdese que los trabajos que llevaron a la actual ley del aborto empezaron con los contactos del gobierno socialista con ese «lobby». Por tanto, ¿va a derogar la ley del aborto?; ¿va a dejar el aborto terapéutico de ser el gran coladero y la fuente de ingresos para esa industria y para tan poderoso «lobby»?