Revocar

El Rey –entonces Don Juan Carlos I– no le concedió el título de duque de Palma a Iñaki Urdangarín. Se lo concedió a su hija, la Infanta Cristina, con motivo de su equivocada boda con Iñaki Urdangarín. El gran balonmanista vasco de la selección española y el F.C. Barcelona ha sido duque de Palma por estar casado con la Infanta Cristina, no por sus méritos.

Entre Manos Limpias, un juez sediento de popularidad y populismo, y la gran avalancha del chisme, la Infanta Cristina fue procesada y juzgada por el llamado caso «Nóos», en contra de la opinión del Fiscal. El juicio ha quedado visto para sentencia. Parece ser que la abogada de Manos Limpias no ha actuado siempre con la limpieza de sus manos y sus intenciones, y que su próximo lugar para acomodar su antifonario ante los jueces no va a ser el de la abogada de la acusación particular, sino el banquillo de los acusados.

El Rey –don Felipe VI– revocó la concesión del título concedido a su hermana por su padre, Don Juan Carlos I, con anterioridad a la sentencia absolutoria o condenatoria de la ex duquesa de Palma. Una parte de la sociedad consideró sabia y oportuna la decisión del Rey, y otra, más reducida y menos influida por el chisme y el escándalo, la estimó precipitada, casi obligada por las circunstancias sociales y el rumor de la calle. Como si la calle fuera la encargada de conceder títulos nobiliarios o exigir su revocación.

La Infanta Cristina –esa dignidad es irrevocable– soportó con valiente estoicismo y serenidad la prueba del juicio público. No exigió privilegio alguno, ni un tratamiento especial durante el período en el que fue juzgada como una ciudadana más. Zapata, el concejal de Podemos, ha solicitado al presidente de la Sala que se dispone a juzgarlo no ocupar el banquillo y acceder al Palacio de Justicia por una puerta alejada de la prensa, los reporteros, las cámaras de televisión y el público necesitado del jolgorio o la repulsa. El señor Zapata no quiere ser víctima del «juicio paralelo del telediario» ni sentar sus glúteos en el banquillo de los acusados.

La Infanta Cristina, que se ha equivocado –y mucho–, con anterioridad a su boda y después de la boda, ha resistido ante el acoso de su propia familia. Ella fue la que eligió a su marido, impuso a su marido, tuvo hijos con su marido y no se interesó por los negocios de su marido. Pero ha preferido asumir todas sus culpas y sus errores manteniéndose al lado de su marido y de sus hijos. Ella cree en su inocencia y ha considerado que la pena del telediario, el juicio paralelo y el chisme de la calle son superables sin tener que recurrir a la renuncia de su propia elección, a la renuncia de su error, que es suyo e intransferible. El Rey revocó la concesión de su título y muy pocos se acordaron de calcular el precio de la herida y sus consecuencias.

El Rey concede los títulos y las grandezas, y es el único que puede revocarlas. Incluso, puede hacerlo sin dar explicaciones a nadie. Y el Rey tiene que estar enterado de que algunos nobles no se están comportando con la lealtad y la dignidad que se exige a quienes disfrutan de un privilegio nominativo. Si a la Infanta Cristina se le revocó su Ducado sin estimar su presunción de inocencia, el Rey debe informarse de la responsabilidad que ha adquirido contra España y la Corona algunos de sus nobles.

La unidad de España está siendo puesta sobre una mesa de juego de intereses y beneficios unilaterales por titulares de dignidades y grandezas de demostrada deslealtad. La revocación del título de la Infanta Cristina es un castigo de cara a la galería y de dolorosa adopción. La unidad de España se pone todos los días sobre la mesa de juego de las subvenciones y las cuentas de resultado por Grandes de España que han optado por la senda de la traición a España y a la Corona. La Diputación de la Grandeza y Títulos del Reino nada dice, nada opina y nada aconseja. Se ha convertido en una especie de Consejo Nacional como el creado en el régimen anterior, un Consejo que según don José María Pemán, sólo tenía una obligación: reunirse en pleno una vez cada año para oír el discurso del aconsejado.

No establezco comparaciones entre hechos comprobados. El papel y las grabaciones radiofónicas no necesitan de más argumentos. Ahí está todo. Años y años cercenando la unidad de España desde la comodidad del negocio. Si el Rey considera que la Infanta Cristina, que aún es inocente, no merece la titularidad del Ducado de Palma, el Rey debe ser informado de lo que sucede en el grupo de comunicación más influyente del nordeste.

Y decidir, al menos, ser tan contundente como ha sido con su hermana por culpas de marcada menor gravedad.

El Rey concede el título y lo revoca si el agraciado no lo merece. Y jugar a dos bandas con la independencia de Cataluña como fondo del escenario, es una infamia. La indignidad no se premia con la venda sobre los ojos.