Soborno sindical

Entre las variadas formas de corrupción que han brotado como una epidemia, tal vez la más dañina y corrosiva para la sociedad es la que, revestida de legalidad, se justifica por un «bien superior». Como, por ejemplo, los ERE fraudulentos de Andalucía. Si la trama urdida por sindicatos, gobernantes y beneficiados operó con aburrida normalidad durante una década fue, además de por la cobertura supuestamente legal que la amparaba, por el altruismo que la inspiraba: «preservar la paz social». Es decir, para que las calles no se incendiaran contra la Junta socialista, los sindicatos sofrenaran la inquietud obrera y la izquierda radical no se lanzara a la yugular del PSOE. La factura ascendió a 1.500 millones de euros, entre prestaciones, intereses y comisiones, pero a fe que logró plenamente su objetivo: los liberados sindicales callaron sumisos, los de IU se envainaron la dignidad y no hubo escraches contra los desahucios ordenados por las cajas afines. Según la juez Alaya, los sobornos directos a UGT y CC OO superaron los 6,5 millones de euros, pero podrían ascender a mucho más. Nadie espere, sin embargo, que Méndez y Toxo revelen públicamente la cantidad exacta. Sus cuentas son opacas y están veladas a los ciudadanos. Así es desde hace 35 años, sin que nadie haya protestado airadamente por el secretismo, empezando por los mismos que exigen al Rey luz y taquígrafos. España es el único país de la UE donde los dos grandes sindicatos, que se financian con dinero público, no remiten al Tribunal de Cuentas una memoria anual, ni publican un informe de actividades económicas, ni revelan el origen de sus recursos. Si UGT, que empieza hoy su 41º Congreso, y CC OO, que lo celebró hace dos meses, quieren renovar la «ética sindical» deben empezar por la transparencia. Y no prestarse a más sobornos a cambio de «paz social».