¿Sólo las resoluciones judiciales pararán el proceso?

El Tribunal Constitucional ha acordado no imponer medidas cautelares que eviten la celebración del Pleno del Parlamento catalán el próximo día 9 en el que se debatirá la iniciativa apoyada por los partidos independentistas para poner en marcha el proceso de independencia de la República de Cataluña convocado por su presidenta. Al mismo tiempo, ha admitido a trámite los recursos interpuestos por PP, C’s y PSC contra ese acuerdo de la Mesa y la consecuente celebración del Pleno.

El Gobierno de España ha dicho que recurrirá al Tribunal Constitucional el acuerdo que ese Pleno adopte, y que se dispondrá su suspensión automática tal y como señala la ley cuando es éste el que recurre.

Los ciudadanos asisten anonadados a un pulso para romper España que desde hace tres años está avanzando abiertamente, con pasos y anuncios públicos que claramente van contra la Constitución, las leyes y la Democracia, frente al cual, la única respuesta que se oye es que esto no lo conseguirán por que se tienen preparadas las vías legales y jurídicas para impedirlo por parte del Gobierno, que garantiza que no ocurrirá.

Resulta inquietante comprobar que, pese a todo lo dicho, todos y cada uno de los pasos que han anunciado los independentistas se han venido dando sin que se les haya impedido y sin que haya habido consecuencia alguna para los mismos.

Amenazaron con un referéndum ilegal y acabaron escenificándolo sacando urnas a la calle con la colaboración del Gobierno de la Generalidad y no pasó nada. Anunciaron unas elecciones plebiscitarias para poner en marcha el proceso de independencia y en eso están los partidos que configuran la mayoría de la Cámara, –con la presidenta de la misma dando vivas a la República independiente de Cataluña en su jura del cargo, y no pasó nada. Anunciaron la presentación de una iniciativa para poner en marcha el proceso y lo hicieron al día siguiente vulnerando el Reglamento de la Cámara, y han convocado un Pleno para su aprobación y no ha pasado, de momento, nada. Con lo alarmante que resulta que, al igual que en otras ocasiones se dijo que con la ley y los tribunales se les pararía, no sólo no se les ha parado, sino que el propio Tribunal Constitucional ha dicho que no procede hacerlo ahora.

Y eso, pese a seguirse paso a paso una hoja de ruta con declaraciones públicas de vulneración de toda la legalidad vigente, –sedición dice el ministro de Exteriores–, y de incorporar al texto de esa iniciativa su determinación de que no harán caso a lo que les diga el Tribunal Constitucional, pues ellos ya están en otra cosa.

Parece que se sigue considerando como solución la vía jurídica que los independentistas ya han dicho que se pasarán por el forro, y se alega para ello los precedentes, –que se reducen a uno–, el llamado Plan Ibarretxe para cambiar el Estatuto de Guernica, que vulneraba abiertamente la Constitución. Antecedente que, a diferencia del presente caso, no venía precedido de una reunión de la Junta de Portavoces que incumplía la legalidad parlamentaria, pues era requisito previo que estuvieran constituidos todos los grupos parlamentarios, –cosa que no ocurría–, ni se había agotado el plazo para ello. Circunstancia que al parecer el Tribunal Constitucional no ha considerado suficientemente grave como para obligar a subsanarla, suspendiendo la tramitación de esta iniciativa, al menos, hasta la constitución formal de todos los grupos, o a la expiración del plazo legal para hacerlo.

Y tampoco aquí se trata de modificar Estatuto ninguno. Se trata abiertamente de una iniciativa ilegal e inconstitucional para romper España, sin que quepa otra interpretación.

La no paralización de esta iniciativa por parte del Tribunal Constitucional, pero sí la aceptación del recurso formulado por los tres grupos contrarios a ella, producirá con toda seguridad el que ese Pleno se celebre y declare el proceso de independencia abierto, y que años más tarde el Tribunal falle que esa iniciativa presentada no se puede admitir por vulnerar abiertamente la Constitución y la ley, lo que resultaría incomprensible para los ciudadanos y hasta ridículo, si estos señores para entonces han conseguido su objetivo de ser independientes. ¿Para qué valdría entonces esa tardía decisión sobre una cuestión que a priori todos sabemos inadmisible?

No deja de ser cuanto menos ingenuo que el Tribunal Constitucional, en su resolución, recuerde a la presidenta del Parlamento catalán que tiene que hacer valer la legalidad en ese debate, cuando en el escrito que recoge la iniciativa, en sus intervenciones públicas y desde su puesto institucional, dice que lo que digan estos señores le da igual, por que no lo van a acatar.

Resulta muy difícil evitar la inquietud y la preocupación de los ciudadanos con las actitudes que adoptan los unos y los otros para impulsar o en otro caso parar el proceso de independencia en marcha, y la escasa credibilidad en la capacidad de las instituciones del Estado para hacerlo. La acción prevista para hacer frente al desafío vuelve a ser tan solo una actuación judicial que ya se ha dicho que se desoirá. Y no parece a la vista de lo ocurrido hasta el momento que los instrumentos legales y las resoluciones judiciales futuras vayan a tener eficacia suficiente para pararlos.

El Gobierno parece confiar en la modificación constitucional aprobada en los últimos minutos de la legislatura atribuyendo al Tribunal Constitucional la capacidad para imponer el cumplimiento y la ejecución de las sentencias que dicte, pudiendo suspender en sus funciones a quienes no las cumplan. Esto es, al presidente de la Generalitat y a la presidenta del Parlamento, que ya han dicho claramente que no las cumplirán. Y si eso es así, –y tiene pinta de que va a serlo–, ¿qué medios tiene el Tribunal Constitucional ante ese incumplimiento para obligarles?

El Gobierno es el único que tiene a su alcance los elementos coercitivos y ejecutivos para ello, y los ciudadanos no entienden que no se hayan puesto ya, al menos, de manifiesto, y se expliquen con la misma claridad con la que los independentistas anuncian y ejecutan cada paso de su desafío sin pararse en leyes, tribunales ni sentencias.

La intervención de la Generalitat de Cataluña ante la quiebra económica de la misma y ante el destino que daba a los fondos que recibía para financiar el proceso independentista dentro y fuera de nuestras fronteras ha sido un instrumento enormemente eficaz para haber actuado contra este proceso que el Gobierno no ha querido utilizar hasta este momento. Y ahora que el ministro de Hacienda parecía estar dispuesto a ello, el Gobierno ha vuelto a desestimarlo por «no querer castigar a los catalanes por lo que hace su Gobierno», cuando éste ya les ha castigado bastante, y existen mecanismos para obligar a que el uso del dinero será para garantizar el pago de los servicios públicos a los ciudadanos y a sus proveedores, y no para seguir financiando todo lo que impulsa y coadyuva al proceso de independencia, que ha tenido aquí en estos años su principal fuente de financiación.

Por su parte, el artículo 155 de la Constitución otorga un instrumento expreso al Estado y al Gobierno para afrontar este desafío que, a juicio de muchos, debería haberse utilizado antes para evitar que se haya llegado tan lejos. La cuestión es si se va aplicar y cuándo. ¿Se va a esperar a que las autoridades de Cataluña se pasen por el arco del triunfo la resolución del Tribunal Constitucional sobre el inicio del proceso independentista que previsiblemente se aprobará en el Pleno convocado para el día 9? ¿O a que una vez que incumplan ese fallo el Tribunal Constitucional les suspenda de sus funciones? ¿O a que suspendidos en sus funciones sigan ejerciéndolas como ya han avisado reiteradamente? ¿Aplicará entonces el artículo 155 con toda la contundencia y extensión que permite suspendiendo la autonomía y asumiendo su gestión directa?

Por grave y compleja que fuera la situación económica de nuestro país hace cuatro años, el desafío que hoy afrontamos no es un rescate. Requiere una actuación firme y clara que permita a los ciudadanos, independentistas o no, saber con toda claridad las medidas ejecutivas que se van a tomar con firmeza desde ahora para frenar el proceso que ha llegado tan lejos. No basta ya, como estamos viendo, que actúen los tribunales ni sus resoluciones, por muy conminatorias que puedan ser, porque ya sabemos que no se van a cumplir.

Los ciudadanos demandan que se haga algo más que eso, mientras los independentistas avanzan tranquilamente en sus ilegalidades, y no ven suficiente que el Gobierno se conforme con decir que aplicará la ley y todos los medios a su alcance, pues los resultados que hasta el momento hemos visto, dan la sensación de que ni se les para, ni se les parará.

La cercanía de las elecciones obliga aún más al Gobierno a actuar, pues la incertidumbre sobre el resultado electoral puede deparamos un gobierno en minoría, débil y un parlamento fragmentado que impida entonces tomar medidas contundentes para frenar el proceso. Situación ésta que será aprovechada por los independentistas para forzar aún más la máquina, sabiendo que cuando era más fuerte el Gobierno no les pararon y después, con mayor debilidad, le será mucho más difícil hacerlo.

No podemos decir que nos estén sorprendiendo en su estrategia y en las decisiones que adoptan, y que no actúen con claridad. Es posible pedir lo mismo al Gobierno y a las instituciones del Estado, que son aquellos de los que la ciudadanos esperan que garanticen con eficacia la unidad de España. Cuanto más tarde lo hagan, más difícil será y mayor coste tendrá el hacerlo.