Un Tribunal con poderes

Ahora va a resultar que la reforma que hizo el Gobierno del Tribunal Constitucional va a resultar clave para el futuro. Tan criticada, tan denostada, tan innecesaria, según decían incluso algunos expertos... Pues resulta que ahora va a evitar que el grupo de alborotadores que ha tomado el Parlament consiga sus propósitos. Me explico.

PP, Ciudadanos y PSOE han solicitado al TC que suspenda tanto el acuerdo de la Junta de Portavoces como la resolución de la Mesa de tramitar la iniciativa secesionista el próximo lunes. El PSC, naturalmente, ha matizado el recurso y no pide la suspensión del Pleno del Parlament porque –dice Iceta– que el Constitucional no va a acordar la suspensión. No se da cuenta, ni tampoco el PSC que, ante la eventual no investidura de Artur Mas –al que la CUP dice no apoyar– será el Parlament el que iniciará una escalada que le conducirá a dotarse de poderes ilimitados a los efectos que ya nos imaginamos. Aunque tampoco hace falta imaginar mucho.

Los secesionistas ya han dicho que seguirán con su mandato sea cual fuere la decisión del Tribunal Constitucional, con lo cual sólo se impone algo de lo que nadie quiere hablar, pero terminará siendo necesario: utilizar todos los medios legítimos para impedir que los independentistas sigan con su proceso.

Porque –uno– a estas alturas todo el mundo es consciente de que ese «mandato» del que hablan no es tal. Los catalanes votaron lo que votaron, pero no trasladaron ningún mandato a nadie. Tampoco podían hacerlo. Suficiente tenían ya con votar en las circunstancias que lo hicieron.

Y dos: aquella reforma del PP casi en soledad, va a servir ahora para que el Alto Tribunal puede aplicar y hacer cumplir sus decisiones frente a los independentistas. De la forma que ellos establezcan; con las decisiones y criterios que ellos mejor crean, pero haciéndolo cumplir. Y será entonces cuando la fuerza del Estado pueda hacerse visible con los modos que el Tribunal Constitucional establezca. Porque puede haber un golpe de Estado independentista, pero lo que nunca podrá haber es un incumplimiento anunciado y flagrante de la legalidad.

Los que dicen que los problemas se solucionan con política y no con leyes es que, en alguna ocasión han incumplido esas mismas leyes. Por eso la política está donde está y los jueces y magistrados dónde están. Que nadie lo olvide.