Acuerdo por el futuro de España

No debería suponer sorpresa alguna la relativa facilidad con la que se ha negociado el acuerdo de investidura entre el Partido Popular, Ciudadanos y Coalición Canaria. Es el reflejo, simplemente, de unas posiciones políticas inscritas en la tradición de las modernas democracias occidentales, que comparten la idea de la libre economía de mercado, entendida como el mejor instrumento para el desarrollo social de los pueblos, y, por supuesto, defensoras sin ambages de los principios universales de libertad y derechos humanos. Son, también, partidos que comparten los fundamentos de nuestra Constitución, que establece que la soberanía nacional corresponde al conjunto del pueblo español y consagra la indisoluble unidad de España. Por supuesto, existen entre los firmantes del pacto diferencias ideológicas y programáticas de cierto calado, pero que no podían ser obstáculo insalvable cuando lo que estaba en juego –y aún lo está– son los intereses generales de los españoles y el futuro de la nación. Es evidente que también el PSOE, como representante de la socialdemocracia occidental, comparte la mayoría de los postulados políticos que hemos enumerado, aunque su praxis ideológica haga más hincapié en el papel corrector del Estado que en la propia autonomía organizativa de la sociedad. Pero, en lo que ahora importa, los socialistas españoles están en la misma línea que sus correligionarios europeos a la hora de abordar el modelo económico y la defensa de las libertades. Con este largo preámbulo queremos resaltar que nada fundamental hubiera impedido al PSOE haber participado en un pacto como el que se firmó ayer en el Congreso. De hecho, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha recordado que de los 150 compromisos suscritos con el Partido Popular, cien estaban ya en el texto que pactó con el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, durante la pasada legislatura. En otras palabras, que hubiera sido perfectamente factible la oferta de conformar un gran bloque constitucional con PP, PSOE y Ciudadanos, abriendo la posibilidad de abordar desde una gran mayoría parlamentaria las reformas institucionales que precisa nuestro país para consolidar su modernización. Somos conscientes de que tanto el líder socialista como los miembros de su Comité Federal albergan legítimas reticencias a este tipo de pacto de gran coalición que, en otros países de nuestro entorno, como Alemania o Grecia, ha supuesto a la postre una pérdida de posiciones electorales para la socialdemocracia, pero olvidan, a nuestro juicio, que fueron acuerdos llevados a cabo en plena crisis financiera internacional, es decir, en un ciclo económico de caída de todos los indicadores, lo que supuso que los votantes les endosarán la misma responsabilidad en los ajustes presupuestarios y en los inevitables recortes sociales. No es éste el caso de España, cuyo ciclo económico es de franco crecimiento y se están acortando los plazos de la recuperación. En estas circunstancias, aunque nadie puede asegurarlo, es probable que los ciudadanos correspondieran en las urnas con quien ha colaborado positivamente, por encima de intereses partidistas, en la labor de consolidar el crecimiento del país y devolver los niveles de renta a la sociedad. Es un planteamiento que, al menos, debería cuestionarse el líder socialista a la hora de mantener su posición de bloqueo político. Más aún, cuando los contenidos programáticos del pacto entre el PP, Ciudadanos y Coalición Canaria tienen un fuerte componente social, con el que, sin duda, estarán de acuerdo la mayoría de los votantes socialistas. Compromisos como el complemento salarial a los bajos salarios –articulado inteligentemente a través del IRPF–, o las medidas de apoyo a los trabajadores autónomos son propuestas perfectamente factibles a poco que se mantengan los buenos datos de crecimiento. Así mismo, otros bloques del pacto de investidura implican reformas institucionales, como las que se refieren a la Justicia, la elección del CGPJ o la figura del Fiscal General del Estado, con las que se debería contar con el Partido Socialista, al igual que con las modificaciones del Senado o de la Ley Electoral. En definitiva, es mucho más lo que invita al PSOE a participar en la gobernabilidad del país en estos momentos que los argumentos partidistas y personalistas de su rechazo. Hoy se reúnen Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Tal vez, todavía hay tiempo para la cordura y la rectificación.