Clamor social frente al agravio

El pasado 8 de octubre, LA RAZÓN puso en marcha una campaña informativa y de opinión para reclamar al Gobierno de España y al resto de las instituciones del Estado un acto de pura justicia como es la equiparación salarial de los hombres y mujeres que sirven en la Guardia Civil y en la Policía Nacional con la de quienes desempeñan igual labor en las policías autonómicas de Cataluña, País Vasco y Navarra. Nos satisface, en lo poco o mucho que podamos haber contribuido, que desde el Ministerio del Interior se haya reconocido la urgencia de poner fin a una situación de discriminación, que raya en la indignidad, y que se ha extendido a lo largo de las últimas tres décadas. También nos satisface que los representantes de los nuevos partidos del arco parlamentario, como Ciudadanos y Podemos, hayan hecho suyas las reivindicaciones de los guardias civiles y policías nacionales, que, ayer en Madrid, se manifestaron masivamente por sus derechos laborales. Sin embargo, la batalla no puede darse por terminada, aunque sólo sea porque la experiencia de los últimos treinta años nos previene frente a las promesas que, al calor de los acontecimientos y de la presión, no siempre sostenida en el tiempo, de la opinión pública, se han reiterado desde los distintos gobiernos para, al final, no cumplirse. En esta demanda deberían involucrarse, además, los distintos estamentos sociales, puesto que no hablamos de las reivindicaciones de unos simples trabajadores, sino de los miembros de unos cuerpos del Estado que están sujetos a limitaciones sindicales, dada su función de garantes de la seguridad, la vida y los derechos democráticos de los ciudadanos. Sin duda, puede considerarse un paso en la buena dirección la nota oficial del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, hecha pública ayer, en la que se anuncia la voluntad del Gobierno de incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado las primeras medidas económicas para la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil. Corresponde a las representaciones sindicales de los agentes llevar el peso de la negociación sobre los plazos e incrementos presupuestarios, para lo que es deseable que se establezca una clara unidad de acción, sin particularismos ni interferencias ajenas al objetivo principal, que serían mal comprendidos por la sociedad española, que, muy mayoritariamente, respalda las reivindicaciones y se muestra indignada por el intolerable agravio comparativo, especialmente desde que los ciudadanos fueron testigos directos de la ardua labor encomendada a la Policía Nacional y a la Guardia Civil durante la crisis separatista en Cataluña y las dura condiciones de vida en que tuvieron que desempeñar su trabajo. Por supuesto, el compromiso no sólo atañe al Gobierno. El resto de los partidos deben facilitar con su apoyo parlamentario las modificaciones presupuestarias a que haya lugar, ya sea a través de la deseable aprobación de los PGE para 2018 o, en caso de que la oposición forzara al Gobierno a prorrogar los anteriores –lo que a nuestro juicio sería un error– mediante el respaldo en la Cámara a un Real Decreto Ley de medidas urgentes, como los que ya se han aprobado cuando se trató de actualizar las pensiones. En definitiva, no hay excusas válidas para seguir postergando una reclamación del todo punto justa, por cuanto debe corregir una situación de agravio comparativo intolerable. El que padecen, en las propias palabras del ministro del Interior, los miles de agentes que se juegan la vida por la seguridad de cada ciudadano y que, gracias a ellos, España es uno de los países más seguros del mundo.