El 3% de Convergencia empuja a Mas a unas nuevas elecciones

La respuesta que dio ayer el presidente en funciones de la Generalitat sobre la detención del tesorero de CDC –que es el partido que todavía lidera–, junto a seis directivos de empresas públicas y privadas, explica claramente el uso político que el nacionalismo hace de los negocios. Artur Mas dice que tanto su partido como él son víctimas de una «caza mayor». Es decir, considera que la investigación abierta contra su partido por financiación ilegal sólo tiene un objetivo: frenar el proceso soberanista. El argumento, por más reitaradamente utilizado que sea en el guión del victimismo nacionalista, muestra la consideración que a Mas le merece el Estado de Derecho siempre que esté en juego la «voluntad del pueblo catalán». Es más, incluso ve una «mano negra» que mueve los hilos para acabar con el sueño de una Cataluña independiente de España, que, al fin y al cabo, es su Justicia quien está investigando. Hasta aquí, nada nuevo. Sin embargo, ni Mas ni ningún dirigente de su partido ha dado una explicación sobre los datos que demuestran que CDC recibió donaciones a cambio de la adjudicación a determinadas empresas de obras públicas. No estamos hablando de una suposición, sino de la demostración, según los libros de cuentas, de que de estos presupuestos se desglosaba exactamente un 3%. Así quedó registrado, por ejemplo, en los documentos de la constructora Teyco, donde está anotado dicho tanto por ciento de varias adjudicaciones hechas por cinco ayuntamientos gobernados por Convergència. Este partido no debería olvidar que fue la investigación de un juez de Torredembarra (Tarragona) la que demostró que el ex alcalde de esta población recibió 1,4 millones de la constructora de la familia Sumarroca –cuyo patriarca fue fundador de CDC– y que la supuesta «mano negra» sólo es el trabajo pertinaz de la Justicia. El partido que ha gobernado Cataluña durante treinta años todavía no ha explicado por qué entre 2008 y 2013 recibió, a través de sus dos fundaciones –CatDem y Barcelona Fòrum–, un total de 10,4 millones de euros procedentes de empresas adjudicatarias de grandes obras públicas. Tampoco han aclarado cómo llegaron a las cuentas del partido 3,7 millones de supuestos trabajos no justificados, según advirtió el Tribunal de Cuentas. La operación desplegada ayer en Barcelona, en la que se registraron veinte dependencias, además de la sede de CDC –que sigue embargada– complica aún más la reelección de Mas como presidente de la Generalitat. Lo que de nuevo revela el «caso 3%» es que la candidatura Junts pel Sí, en la que se presentó Mas –puede decirse que escondido–, sólo ha sido un sistema de protección para evitar que su partido y él mismo se viesen implicados en un supuesto caso de corrupción. De ahí que en esta coalición, que mantenía como punto fundamental cumplir con la hoja de ruta del independentismo, estuviese incluido ERC, que es, por más anormal que parezca, el partido de la oposición. De esta manera, los republicanos, así como otros candidatos independientes de gran «valor cívico», han mantenido un elocuente silencio sobre los casos de corrupción en los que está implicado CDC y, por lo tanto, son piezas clave de la adulteración política que vive Cataluña. Decir que la situación de Mas es insostenible es no decir nada cuando se trata de un político cada vez más fuera de la realidad. Todo indica que la reelección será imposible y, de fraguarse, nos encontraremos ante un verdadero insulto a la democracia.