El deber democrático de perseguir el odio

La muerte del torero Víctor Barrio desencadenó un caudal de lodo y odio desde las redes sociales para celebrar la tragedia de una familia. Desgraciadamente, no es un fenómeno novedoso, sino más cotidiano de lo que desearíamos. Ayer el cantante de Def con Dos, César Strawberry, fue juzgado en la Audiencia Nacional por sus tuits en los que añoraba a los GRAPO o defendía el secuestro de Ortega Lara. Precisamente, las víctimas del terrorismo son quienes reciben buena parte de la descarga de ese virus moral que recorre internet. Mariano Rajoy y el Gobierno son conscientes de que la democracia tiene el deber de amparar a las personas que sufren este acoso y la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad trabajan ya, por ejemplo, sobre los tuits contra el diestro Víctor Barrio. Bien está. Hablamos de una deformación o una tumoración de nuestro sistema que es preciso atajar. La realidad es que se incita al odio y a la violencia amparados en una libertad de expresión mal entendida y peor interpretada en algunas instancias judiciales. Los ciudadanos tienen la sensación de que hay demasiada manga ancha con lo que sucede en las redes sociales. Desaprensivos, locos o estúpidos descerrajan sus frustraciones y complejos contra personas indefensas que a veces se sienten desprotegidas por el Estado de Derecho, y eso debe cambiar. No estamos ante delitos de opinión, no puede serlo aquello que denigra y violenta la dignidad de un ciudadano que sufre las consecuencias de una tragedia. Hay que buscar los fallos, aprender de los errores y poner los remedios. No puede haber espacios de impunidad.