El nuevo rescate de Cataluña no puede financiar el separatismo

El vicepresidente económico de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, ha descrito la actual situación financiera del Principado como «extremadamente compleja», perífrasis de lo que en cualquier otro país del mundo se denominaría «estar en quiebra». Pero Cataluña es una comunidad autónoma de España y goza, por lo tanto, de la solvencia que le presta, como al resto de las comunidades de régimen común, el Estado español. Es decir, Cataluña no puede quebrar porque significaría que toda España habría entrado en quiebra. Oriol Junqueras lo sabe y por ello viaja hoy a Madrid para tratar con el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, de la manera de hacer frente a unos vencimientos de créditos a corto plazo por importe de 1.600 millones de euros que la tesorería de la Generalitat no puede cubrir. Propone el Gobierno autónomo catalán la conversión a largo plazo de estos créditos, para poder acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y que sea la hacienda estatal la que, a la postre, se haga cargo. El asunto tiene una pega importante y es que, por definición, el FLA no puede acoger deuda a corto plazo. En definitiva, lo que demanda el vicepresidente Junqueras es que se haga una excepción con Cataluña, que se ve incapaz de operar financieramente como el resto de las comunidades autónomas. Probablemente, el ministro de Hacienda en funciones arbitrará una fórmula legal para acceder a la petición de la Generalitat y salvar el inmediato riesgo de que las agencias de calificación de deuda rebajen la solvencia de Cataluña por debajo del actual «bono basura» hasta el nivel de «impago selectivo», con las inevitables consecuencias negativas para el conjunto de España, que se vería debilitada frente a los mercados financieros internacionales. Por supuesto, no tenemos nada en contra de que Cataluña se vea asistida por el Gobierno en sus dificultades de tesorería como, por otra parte, viene ocurriendo sistemáticamente desde 2012, año en el que el Estado comenzó a hacerse cargo de todos los vencimientos de deuda catalana a largo plazo y, también, de allegar directamente fondos para el pago de los proveedores de la Generalitat. Sólo este último mes de enero, Hacienda tuvo que destinar otros 400 millones de euros para el pago a las farmacias. Pero es evidente que la situación no puede seguir prolongándose al infinito. Cataluña no es sólo la región más endeudada de España a larga distancia de la segunda, Andalucía, sino que es una de las comunidades autónomas que menos crecen. Cataluña, lastrada por la pésima gestión de unos gobiernos enfangados en el desafío separatista, asfixiada por una propaganda que sólo busca la transferencia de las responsabilidades propias y con la tesorería sobrecargada por una burocracia elefantiásica, a la mayor gloria del soberanismo, necesita volver a la racionalidad y afrontar un profundo programa de reformas que devuelvan el crédito y el futuro a sus ciudadanos. Y el Estado, por su parte, desde la obligación que tiene de garantizar los servicios sociales y la protección de todos los ciudadanos españoles, debe arbitrar las medidas necesarias para apoyar financieramente a Cataluña, pero, también, demandar garantías de que el dinero de los impuestos se dedica a las funciones previstas, que no son las de sostener un proceso separatista.