El TC debe actuar con rapidez para frenar el plan secesionista

Mientras el Parlament ha decidido que siga cumpliéndose el plan secesionista al margen de toda legalidad, en amplios sectores de la sociedad catalana comprometidos con el soberanismo –antiguos votantes de CiU que siguieron felizmente al «flautista» Mas– empiezan a tener la sensación de que el «proceso» está en un callejón sin salida y que continuar hacia adelante cumpliendo la «hoja de ruta» sólo llevará a una situación de bloqueo institucional y al desprestigio. Estos días asisten desconcertados a una situación que nunca hubieran imaginado: la presidenta del Parlament, una activista radical e intolerante, se ha adueñado de la institución y ha decidido –con el apoyo de todos los independentistas de la Cámara– situar a Cataluña fuera de la legalidad constitucional. Es decir, se trata de un golpe al Estado, ralentizado, aparentemente amable, pero tan impositivo como el que quiere subvertir el orden a la fuerza. Lo sucedido ayer es un paso más en esa huida hacia adelante: la Junta de Portavoces, que se reunió saltándose el reglamento del propio Parlament, decidió que el próximo viernes convocará para el lunes el pleno extraordinario que apruebe la resolución independentista por la que se inicia la «desconexión» con el resto de España. La reunión de ayer es ilegal porque, para ser convocada, todos los grupos parlamentarios deben estar constituidos, lo que todavía no ha hecho el PP. Se incumple de esta manera el artículo 23 de la Carta Magna, en el que se preserva que «los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes», algo que no sucedió al impedir que los populares pudieran participar en la Junta de Portavoces. Por primera vez, las fuerzas constitucionalistas representadas por Ciudadanos, PSC y PP presentan al mismo tiempo recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la declaración independentista y contra dicha junta, un hecho que da medida de la gravedad de la situación y de la manifiesta ilegalidad en la que incurre el Parlament, manejado por una mayoría muy minoritaria que quiere declarar la separación de Cataluña con apenas un 50% de los votos. El TC no puede tramitar este recurso como si fuera un caso ordinario: debe darle prioridad y celeridad. Puesto que el pleno se celebrará el próximo día 9, urge una resolución, y ésta sólo puede ser dictada el próximo día 6. El objetivo es irrenunciable: el pleno donde se va a hacer la declaración de independencia no debe realizarse. La nueva reforma de la ley orgánica del TC le da potestad sancionadora, que podría llegar a la suspensión de los cargos públicos. La actuación del Alto Tribunal es fundamental en estos momentos, ya que sólo la actuación de la Ley puede mostrar a los que se sitúan fuera de ella que declarar la independencia de forma unilateral tiene un precio. Como decíamos, la crisis dentro de la sociedad catalana es latente, aunque muestra signos inequívocos de que cada vez son mayores la preocupación y el desconcierto, algo no previsto por los independentistas. La unidad de las fuerzas constitucionalistas rompe con la estrategia nacionalista de afirmar que su revolución se está haciendo dentro de la legalidad, algo que choca con los principios de una sociedad democrática. ¿De verdad el votante histórico de CDC quiere participar en la construcción de una sociedad que no defienda el Estado de Derecho? Esa contradicción se muestra en las diferencias internas en el Gobierno de Mas, que podrían resolverse prescindiendo cuanto antes del todavía presidente en funciones de la Generalitat.