España no permitirá su ruptura

Si hiciéramos una secuencia de lo que ha pasado en Cataluña desde que el tripartito dejó el poder a finales de 2010 saldría un retablo delirante en el que sería difícil encontrar un punto de mesura y concordia. Serían imágenes de manifestaciones, políticos gesticulando ante auditorios abarrotados de seguidores, manifestaciones uniformadas en las que abuelos, padres e hijos no esconden su ira a todo lo que sea español sólo por el hecho de serlo y, sobre todo, banderas invadiendo todos los ámbitos de la vida pública y privada, de manera especial la que representa las aspiraciones del independentismo: la estelada, que ha apartado a la «senyera», que es la única oficial junto a la enseña nacional. Hace diez años no llegaban a un 15% los que se declaraban abiertamente independentistas; ahora se acercan al 50%. El nacionalismo es una ideología uniformadora donde no cabe disentir y aquellos que lo hacen son apartados hasta la marginalidad. Los medios de comunicación públicos y afines se encargarán de desacreditarlos, mientras se ponen al servicio del poder establecido que representa el independentismo, desde la derecha de CDC a la extrema izquierda de la CUP. Cinco años después de la llegada a la Generalitat de Artur Mas se ha alcanzado una situación en la que las instituciones de autogobierno de Cataluña se han situado abiertamente en la ilegalidad actuando con una deslealtad de la que sus responsables tendrán que rendir cuentas en algún momento, como la utilización de fondos públicos para desarrollar un proceso que va en contra del mismo Estado que los financia. El uso político que Mas ha hecho de la Generalitat es absolutamente inmoral al situar a las instituciones de Cataluña a su servicio. Sólo basta recordar que no ha llegado a agotar sus dos pasadas legislaturas: en la primera, convocó elecciones después de dos años (2010-2012) y, en la segunda, no llegó a los tres (2012-2015). Su intención es que esta legislatura, si consigue la presidencia, dure también dos años, hasta 2017. En definitiva, es el último cebo que lanza a los anticapitalistas de la CUP para conseguir sus votos para la investidura. En todo caso, se trata, de nuevo, de utilizar el Poder Legislativo para su quimérico proyecto. Todo este proceso alcanzará su cima hoy cuando el Parlament vote el último dislate, una resolución por la que se pone en marcha la «desconexión» con el resto de España, la puesta en marcha de las «estructuras de Estado» y la construcción de una «República catalana» –sólo con el 50% de los diputados–, pasos que se harán desobedeciendo las leyes y las normas constitucionales. Estamos ante el mayor desafío que ha sufrido nuestra democracia, un verdadero golpe al Estado, ya que supone la vulneración de la legitimidad institucional establecida, haciendo uso de las propias estructuras de la Administración. El Gobierno ha anunciado que de manera inmediata recurrirá la declaración ante el Tribunal Constitucional y que, por lo tanto, quedará suspendida nada más sea aceptada. Está claro que los separatistas mantendrán la provocación hasta forzar al Estado al límite de sus facultades legales. De esta manera, inhabilitará a los cargos públicos cuando desobedezcan la anulación judicial de la declaración. Ya sabemos que lo que promueven el independentismo juegan con el doble lenguaje de que sólo cumplen el «mandato del pueblo catalán» y que, incluso, podrían defenderse, llegado el caso, argumentando que la declaración no tiene poder ejecutivo, lo cual es otra simulación más, un gesto de bajeza al que nos tienen acostumbrados. Cataluña no abandonará España ni Europa porque un Estado democrático no puede aceptar que una parte de su territorio se segregue utilizando la burla y la ilegalidad más clamorosa. Los ciudadanos españoles nunca lo permitirán.