Golpe a la democracia

El presidente de la Generalitat catalana consumó ayer el desafío al Estado de Derecho al firmar el decreto por el que convoca la consulta separatista a celebrar el 9 de noviembre próximo. Artur Mas ha actuado a sabiendas de que no posee competencias para ello y de que su decisión, contraria al ordenamiento constitucional, salta por encima del principio de legalidad sobre el que se asienta nuestra democracia. Porque, en definitiva, la ceremonia de la firma, tan pomposamente celebrada en la sede del Gobierno autónomo catalán, no fue otra cosa que la confirmación pública, vergonzante para muchos ciudadanos, de cómo un representante del Estado, obligado por su condición a cumplir y hacer cumplir la Ley, consumaba un acto de ilegalidad tan palmario. Una agresión gratuita a la normal convivencia de los españoles y a la estabilidad política y social de Cataluña, que no hallará más fruto que la amargura de la frustración de un sector de los catalanes a los que se ha hecho creer que es posible trocear la soberanía del conjunto de la nación por la mera voluntad de una de sus partes. Pero si llega a escandalizar el desafío de quienes pretenden dar apariencia de legalidad a actos claramente contrarios a la Constitución, arrogándose poder decisorio en una cuestión sobre la que carecen de la menor potestad ni de la más mínima legitimidad, sorprende mucho más la contumacia en el error de sus protagonistas. Provoca, incluso, melancolía tener que repetir, después de tantos meses de padecer la estrategia de la tensión del nacionalismo catalán, la obviedad de que la sujeción a la Ley no es negociable ni puede ser objeto de consulta de cualquier tipo. Que ningún órgano del Estado –y la Generalitat de Cataluña lo es– está capacitado para modificar por sí mismo parte alguna de la Constitución, y que el «derecho a decidir», subterfugio populista al que se han acogido diversos representantes políticos para sustraerse al núcleo del problema, no existe fuera de las leyes que conforman la democracia española. Sorprende, también, cómo el presidente de la Generalitat se ha empecinado en mantener un guión que sabía condenado de antemano al fracaso y que, en el peor de los casos, sólo puede derivar en un enfrentamiento entre los propios ciudadanos, atizado por un sector del separatismo catalán, que no tiene ningún empacho, pese a formar parte de las instituciones, en llamar a la desobediencia civil y a la imposición de su voluntad por medio de la presión callejera. No creemos, ni mucho menos, que la sociedad catalana en su conjunto se vaya a dejar arrastrar a la trifulca y al desconocimiento de la Ley, pero el daño causado a la convivencia por los sofismas del nacionalismo identitario ya está hecho, y repararlo obligará a realizar un esfuerzo conjunto. Pero cuando se analice el devenir de este triste episodio histórico no debería haber lugar para las equidistancias. No estamos ante el choque de dos posiciones cerriles, puestas en el mismo plano de igualdad, que corresponderían al Gobierno de Mariano Rajoy al de la Generalitat. No. La cronología de los hechos es iluminadora de un proceso a instancia de parte. La de un representante público que, agobiado por las consecuencias de la crisis económica que afectaba a toda la nación, exigió un trato fiscal más favorable para su comunidad, bajo la amenaza de quebrantar el modelo de Estado y llevando al ánimo de muchos ciudadanos la falacia de que la responsabilidad de la situación ruinosa de las cuentas públicas correspondía a los otros. No puede achacarse a este Gobierno, ni a todos los que le han precedido desde el restablecimiento de la democracia, beligerancia o deslealtad alguna para con Cataluña. Muy al contrario, España se ha conformado como uno de los países más descentralizados del mundo, con pleno respeto a los ámbitos de decisión autonómicos y solidaria hasta en los momentos más críticos. Una nación, en suma, con uno de los sistemas democráticos más avanzados del mundo y garante de las libertades individuales y colectivas. Una nación, además, basada en la sólida estructura de un Estado de Derecho, que dispone de eficientes instrumentos legales y jurídicos para conjurar cualquier intento de subvertir el orden constitucional. Estos instrumentos se irán poniendo en práctica a medida que sean necesarios. Hoy mismo, domingo, se requerirá el preceptivo informe del Consejo de Estado, como paso previo a la interposición del recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. A partir de ese momento, la ley de consultas y el decreto de convocatoria de la Generalitat quedarán suspendidos. Y con ellos, cualquier decisión tendente a ejecutarlos, continuarlos o a que surtan efectos. Artur Mas ha llegado al final de un camino en el que no cabían sorpresas, pero sí efectos muy negativos para Cataluña.