La banca se planta ante la amenaza separatista en Cataluña

Los actos tienen consecuencias y el deber de todo responsable que se tenga por tal es ponerlo negro sobre blanco y no disimularlo, relativizarlo o, peor aún, mentir. La Generalitat de Cataluña, los separatistas, han cimentado su desafío al marco jurídico y a la convivencia en una monumental falacia, que se desmorona a pasos agigantados en la medida que se acumulan pronunciamientos nacionales e internacionales contra la secesión. Conocido el aislamiento que le aguardaría a una Cataluña fuera de España, después de que la Comisión Europea confirmara su exclusión de la UE, y que líderes internacionales como Merkel, Cameron u Obama se posicionaran contra el proyecto de Mas, Junqueras y compañía, ayer fue el día de desmontar las fábulas económicas de los independentistas. Esta misma semana, Artur Mas habló de que los ciudadanos de una Cataluña independiente serían más ricos y que los pensionistas percibirían emolumentos mayores. El Gobierno, empresarios, expertos e instituciones de prestigio se han hartado de insistir en que esa Cataluña aventurera del «president» estaría abocada a la bancarrota. Pero ayer sucedió un hecho extraordinario, relevante y muy significativo. Las dos grandes asociaciones de la banca y las cajas de ahorros de España –Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA)– amenazaron con «reconsiderar su implantación» en Cataluña por el riesgo de secesión. En un comunicado sin precedentes, argumentaron que la salida de Cataluña de España y, en consecuencia, de la zona euro, «comportaría que las entidades bancarias con presencia en la comunidad catalana afrontarían graves problemas de inseguridad jurídica», con el riesgo añadido de «una posible reducción de la oferta bancaria, además de un encarecimiento y una escasez del crédito». De este modo, las entidades integrantes de AEB y CECA –con notable presencia catalana– hicieron un llamamiento a «preservar el orden constitucional y la pertenencia a la zona euro del conjunto de España». No es probable que Artur Mas reconsidere un mínimo su posición, porque hace tiempo que pasó el punto de no retorno, pero cualquier político con un mínimo de sensatez se replantería su actitud ante un aviso de tanto calado y consecuencias para el interés general. No son baladí, además, datos como que el presidente de la CECA es actualmente el de la Caixa, Isidro Fainé, o que el 91% de la cuota de mercado en aquella comunidad autónoma corresponde al Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell. Ayer también el Círculo de Empresarios emitió una declaración institucional en la que sostuvo que la independencia provocaría «gravísimos daños» a la economía española pero, sobre todo, a la catalana, que sufriría «una deslocalización de empresas, así como una caída de las inversiones, del PIB, de la renta per cápita, del nivel de empleo y, en definitiva, del bienestar social». La realidad es que el frente de la ruptura está cada día más solo y que no hay un solo agente económico de relevancia que se haya posicionado a su favor. En este punto, el Gobierno puede estar más que satisfecho por haber sido capaz de concentrar en torno a su discurso, que es el de la legalidad, la Constitución y la razón, a instituciones, líderes internacionales, agentes económicos y, lo que es más importante, a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Es justo reconocer sus méritos.