La cruda herencia del separatismo

El anuncio del Gobierno de la Generalitat de que no pagará los medicamentos a las farmacias, a las que ya adeuda 330 millones de euros después de años de incumplimientos que obligaron a un buen número de boticarios a echar el cierre, ha empujado al primer plano de la actualidad a la Cataluña que los independentistas han querido ocultar a toda costa, como si la gente diera por bueno cualquier sacrificio por el ideal separatista. Obviamente, el criterio era distinto. Del socorrido «España nos roba» no se come ni se llega a final de mes. Y es que el balance de la gestión de Artur Mas, que ha contado con la complicidad de ERC y del resto de colectivos cívicos secesionistas, que taparon de forma vergonzosa tanto la deficiente gestión pública como la escabrosa realidad de la corrupción, pasará a la historia como el mayor ataque a la prosperidad y al bienestar de los ciudadanos. Los recortes en Sanidad, Educación, sueldos de funcionarios, conciertos, subvenciones y prestaciones sociales marcaron la política de los convergentes en el último quinquenio y se situaron en parcelas estratégicas a la cabeza de los realizados por las comunidades autónomas. Las partidas destinadas a la salud pública, por ejemplo, sufrieron tijeretazos por encima del 13%, y con situaciones como el cierre de una media de casi 1.900 camas en los hospitales catalanes (14% del total) en el último verano, o las listas de espera disparadas. El territorio se situó a la cola de España en gasto sanitario per cápita. El descenso en el Presupuesto para enseñanza llegó a ser de casi 17%. Dos de los colectivos más perjudicados por las restricciones secesionistas fueron el de las personas con discapacidad y el de los teóricos beneficiarios de la Ley de la Dependencia, cuyo número bajó en casi 20.000 personas. Y todo eso para qué. Evidentemente, no a costa de un cumplimiento férreo del déficit o de menguar la deuda asfixiante. Artur Mas se asentó en los números rojos como si Cataluña comenzara y terminara en él, como si no hubiera un mañana sin la independencia. La deuda de la Generalitat casi se duplicó desde su llegada al poder en diciembre de 2010. Pasó de los 35.000 millones de euros a los 67.000 millones, la mayor de todas las autonomías, según datos del Banco de España. Una situación de bancarrota, en la que se ha subsistido gracias a la solidaridad del resto del Estado. Y si gran parte de ese dinero no sufragó las políticas sociales, ¿dónde fue, más allá de al pago de la endémica deuda y de sus intereses? Pues a la única partida que no se vio comprometida por los recortes: la de la independencia. Sirvan como referencia que los fondos para «delegaciones, oficinas y misiones exteriores» se duplicaron en los primeros años del mandato de Mas o cómo se anegó de euros todo lo relacionado con el denominado proceso, la extraordinaria maquinaria propagandística y las embajadas incluidas. La conclusión es que nadie ha dirigido el día a día de Cataluña, que las necesidades de la gente han sido desdeñadas por los políticos secesionistas, y que la lucha contra el paro y las dificultades económicas –primera preocupación, a muchísima distancia de la segunda para los catalanes– fue casi circunstancial. Cataluña sufre las consecuencias de la interinidad a la que su Gobierno y la mayoría del Parlamento la han sometido. La provisionalidad ha producido desamparo entre la gente y la convicción de que se camina hacia ninguna parte en el callejón sin salida al que Mas, Junqueras, Römeva, Forcadell y compañía tienen recluida a la sociedad. Cataluña necesita un giro de 180 grados. De cuánto tiempo tarde en asumirlo y en promoverlo dependerá que la gente pueda recuperar la prosperidad y la libertad arrebatadas.