La Ley se ha impuesto al golpismo

La asunción de la responsabilidad penal contraída por parte de los dirigentes separatistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y por el exconsejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Forn, todos ellos en prisión provisional, no es más que la constatación de que el Estado de derecho se ha impuesto, como no podía ser de otra forma, sobre el golpismo. Podrá aducirse que sólo estamos ante una táctica elemental de defensa de quienes pretenden recuperar la libertad, pero aunque así fuera, la aceptación de la supremacía del ordenamiento constitucional español sobre cualquier otra legalidad y la renuncia expresa a la ruptura de la ley que, ayer, hicieron ante el juez tres de los principales impulsores de la intentona independentista, permiten afrontar con cierta tranquilidad el final de la crisis en Cataluña y la vuelta a la normalidad democrática. En la misma línea hay que interpretar la renuncia de Carme Forcadell a repetir como presidenta del Parlament, consciente de su difícil situación procesal. Poco a poco, el separatismo catalán ha ido asumiendo la gravedad de los hechos y, sobre todo, la inutilidad de apelar a imposibles atajos políticos en una democracia avanzada que respeta el principio de separación de poderes. En efecto, nada puede hacer el Gobierno, aunque se justificara desde la conveniencia política, para alterar los procedimientos judiciales en marcha. Procedimientos, no lo olvidemos, que responden exclusivamente a la restauración de la legalidad conculcada y que poco tienen que ver con el mantenimiento o la suspensión del artículo 155 de la Constitución. En este sentido, es preciso que el nacionalismo catalán se resigne a deslindar la peripecia personal de los dirigentes nacionalistas procesados, que están sujetos, además, a graves acusaciones por delitos de rebelión, sedición, desobediencia, malversación y prevaricación, del futuro institucional de Cataluña. Incluso nos atreveríamos a sugerir que es mucho mejor para el horizonte penal de los encausados que se deje de utilizar su difícil situación personal como ariete político del separatismo, estrategia que sólo conviene a quienes, como los representantes de las CUP, se han dedicado a atizar el fuego, pero cuidándose mucho de incurrir en responsabilidades personales. Lo que conviene a todos, y especialmente a la sociedad catalana, es la rápida formación de un Gobierno de la Generalitat que respete la Constitución y el Estatuto de Autonomía, acate las leyes y pueda, por fin, dedicarse a gestionar los acuciantes problemas económicos y sociales que afectan al Principado, después de un lustro en el que cualquier actuación política ha quedado supeditada al estéril «procès» soberanista. Sólo desde el reconocimiento de que estamos ante un nuevo escenario en el que ya no tienen cabida quienes lideraron el golpe antidemocrático, podrán las instituciones catalanas recuperar la normalidad y la legitimidad de la gestión pública. Porque las investigaciones judiciales que llevan a cabo las distintas instancias judiciales y que abarcan toda la extensión del movimiento separatista, –desde el ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la presidenta Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras,– proseguirán hasta el final, con las consecuencias penales fácilmente deducibles. Como explicó ayer la propia Carme Forcadell, el futuro gobierno autonómico de Cataluña, si quiere actuar como tal, requiere de figuras libres de procesos judiciales, dispuestas a cumplir y a hacer cumplir las leyes de nuestro Estado de derecho.