La maquinaria de la justicia ya está en marcha

La orden dictada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional –de la que ayer dio cuenta puntual LA RAZÓN– a los responsables de los cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y a la delegada del Gobierno en Cataluña para que informen puntualmente o, en su caso, tomen las medidas adecuadas ante cualquier actuación que incumpla las resoluciones del Tribunal Constitucional o que incurra en los delitos de sedición, rebelión, desobediencia o prevaricación sólo ha podido sorprender a quienes, en medio del dislate independentista, hayan llegado a creer que las acciones de los separatistas catalanes iban a quedar impunes. En una situación de normalidad democrática, ni siquiera hubiera hecho falta que el fiscal jefe, Javier Zaragoza, plasmara por escrito las generales de la Ley, pero ante el insólito golpe antidemocrático llevado a cabo por una institución del Estado como es el Parlamento de Cataluña, nada es superfluo y, además, provee de garantías a los funcionarios en el Principado, en especial a los Mossos d’Esquadra, frente a las presiones que puedan ejercerse desde la Generalitat bajo la fórmula ilegítima de la «obediencia debida». Como no podía ser de otra forma, la Justicia actuará en defensa de la democracia, la legalidad y los derechos de todos los ciudadanos.