La vicepresidencia de Iglesias, un poder al «servicio de la gente»

El método que Pedro Sánchez ha puesto en marcha en la búsqueda de apoyos para su investidura como presidente del Gobierno ha introducido aspectos muy confusos, como abrir un periodo de consultas con el resto de partidos y agentes sociales, emulando a la jefatura del Estado. Ha sido confuso porque negar el apoyo a un candidato, sobre todo si lo hace su adversario político, está dentro de lo normal, incluso de lo deseable. No hay que confundir tener una voluntad de acuerdo en los grandes temas nacionales con apoyar un programa con el que ni se está de acuerdo, es inviable y, de aplicarse, pondría en riesgo nuestra estabilidad. Estamos ante una situación nueva para nuestro sistema parlamentario, pero en ningún caso ante una situación de excepción que requiera medidas excepcionales. Lo que es necesario es actuar con claridad. Ayer, Pablo Iglesias presentó el programa de Podemos, «Un país para la gente», cuyos destinatarios son, de manera especial, el PSOE, partido con el que debería fraguar la coalición de izquierdas a la que aspira, junto a IU, nacionalistas e independentistas. El subtítulo «Bases políticas para un gobierno estable y con garantías» ya anticipa los riesgos de este documento, justo de lo que carece: Iglesias mantiene como condición necesaria para alcanzar un acuerdo con los socialistas la realización de un referéndum. La consulta se haría aplicando el artículo 92 de la Constitución, lo que no obligaría a su reforma, con una pregunta clara sobre el «futuro político» de Cataluña. Por otra parte, abre la posibilidad de que España pase a denominarse «Estado plurinacional», como el ministerio que pondría en marcha la consulta de autodeterminación y la nueva administración territorial que reconozca todas las «naciones». Esta es la «línea roja» que el comité federal del PSOE advirtió de que era infranqueable. De ser así, Pedro Sánchez debería saber ya que no puede contar con Podemos para su futuro gobierno. En ningún caso debería aceptar alcanzar La Moncloa con unas condiciones que supongan la cesión de la soberanía nacional, ni siquiera si la consulta a la militancia socialista diera un resultado favorable a un pacto con esas condiciones: además de alterar un compromiso con las bases del partido, estaría traicionando un principio constitucional básico. Iglesias sabe que el precio de su apoyo es impagable, pero Sánchez no debería olvidar que, de retirarse el referéndum en un principio de acuerdo ente ambas formaciones, el conjunto del programa ofrece otros puntos con los que es imposible transigir. Es sintomático que el documento dé más importancia a las nuevas estructuras de gobierno que a las políticas concretas. De ahí que sitúe la vicepresidencia –que ocuparía el mismo Pablo Iglesias– como «una institución que la ciudadanía debe percibir como propia» y que proponga que ella misma sea la «fundamentación ética» de «una idea de la política como servicio público». Además tendrá el control sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Centro de Investigaciones Sociológicas y la política de comunicación, lo que revela su irrefrenable objetivo de controlar políticamente el Gobierno. Hay, además, una evidente inspiración chavista al hablar de «vicepresidencia de cercanía, que sitúa el interés general por encima de cualquier particular, una vicepresidencia y un vicepresidente al servicio de la gente», algo que sólo estaría en manos del líder de Podemos. Como si el resto de ministros y cargos públicos no trabajasen al servicio de los ciudadanos. Es decir, se trata de crear un aparato de control dentro del propio gobierno, algo que es del todo inaceptable. Es inevitable vincularlo con uno de los cinco poderes –no tres– del Estado venezolano, el llamado Poder Ciudadano de Venezuela, que ejerce el Consejo Moral Republicano, entre cuyas funciones está prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, funciones que también controlaría Pablo Iglesias que, de cumplirse, nos situaría en un modelo político jurídicamente populista. Sin embargo, en este programa de máximos hecho público para cerrar en banda cualquier acuerdo con el PSOE apenas se argumenta que su plan para crear empleo se basa en un aumento del gasto público en 96.000 millones de euros y en el incumplimiento de los objetivos de déficit. La subida de impuestos tampoco ha merecido más espacio: hasta un 45 por ciento para rentas superiores a los 60.000 euros anuales. Queremos pensar que para Sánchez será imposible llegar a un acuerdo sensato y viable con Iglesias.