Los «Jordis»: El estado no acepta chantajes

Es comprensible que los independentistas crean que el Ministerio Público actúa al dictado del Gobierno, dado que sus recién aprobadas leyes de desconexión esbozan un futuro Estado catalán sin división de poderes, pero los hechos son otros y aquí no valen «relatos», sino ajustarse a la Ley. El Fiscal de la Audiencia Nacional pidió prisión incondicional para el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, sin embargo, la juez instructora, Carmen Lamela, le ha impuesto medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y personarse cada quince días en el juzgado. Y lo mismo hizo la Fiscalía con los presidentes de la ANC y Omnium, pero en este caso la petición sí fue aceptada por la magistrada, por lo que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han ingresado de inmediato en prisión. Ha quedado totalmente claro que de nada sirve presionar para que la acción de la Justicia sea al gusto de los independentistas, no sea que lo consideren una provocación. Los tiempos que marcan los tribunales no son los de la política y querer vincularlos es una forma inadmisible de chantaje. La investigación por estos delitos de sedición prosiguen y en ella no van a interceder las falacias de Puigdemont en su carta a Mariano Rajoy en la que dice que lo que ofreció al Gobierno fue abrir un diálogo –aunque fuese mediante una declaración, o no, de independencia–, dando por válido y vinculante el referéndum ilegal del 1-O. El Estado de Derecho debe funcionar.