Rivera apoya a Sánchez en un pacto en contra de sus votantes

La puesta en escena de la firma del «Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso» entre Pedro Sánchez y Albert Rivera tuvo un protocolo muy medido, estricto y exagerado para el contenido del documento y las posibilidades reales de que la suma de PSOE y Ciudadanos pueda permitir un relevo en el Gobierno. Parecía que entre ambos sumaban los 176 escaños y que, por lo tanto, disponen de la mayoría absoluta para investir a Sánchez. No es así: entre ambos suman 130 votos y es muy probable que su cosecha de apoyos y abstenciones no les dé para mucho más. Desde el punto de vista formal, la ceremonia fue muy solemne y teatral, pero vacía de contenido, en la línea de los tiempos que corren. Sólo evidenció una cosa: que tanto la ruptura con la herencia de Rajoy, según el líder socialista, como las nuevas reformas regeneracionistas, según el líder de Ciudadanos, no pueden aplicarse sin la participación del PP. Rivera se ha empleado a fondo en un acuerdo que no le sitúa como una fuerza de centro, incluso abusando de utilizar el nombre de Adolfo Suárez, pero su operación corre el riesgo de defraudar a sus votantes. Después de todo, la mitad de su electorado procede del votante del PP, que no comprendería su empeño en facilitar el Gobierno al PSOE y ser su marca blanca. Es incomprensible que Ciudadanos quiera convertirse en un partido «muleta» de los socialistas. También aceptó que Patxi López presidiera el Congreso con la condición de que la Cámara Baja y el Gobierno no estuvieran en manos del mismo partido, y nos parece imposible que a estas alturas vaya a dimitir López si Sánchez llegase a La Moncloa. Ciudadanos no podrá mantener por mucho tiempo su estrategia de jugar a varias bandas con un programa que no es más que una puesta al día suavizada para consumo rápido del que aplicó el Gobierno la pasada legislatura. Es decir, si el documento que firmaron ayer es inaceptable para Podemos, ¿qué negociaba con Pablo Iglesias? En el acto de presentación del acuerdo quedó claro que Sánchez y Rivera utilizaban diferentes lenguajes: el primero mantenía una retórica radical, como hablar de derogar la reforma laboral, mientras mantiene lo esencial, y el segundo matizaba mucho las propuestas de las que ha hecho bandera, de manera que no se dedica ni una línea al derecho a una educación bilingüe –en castellano y catalán–, algo que no se respeta en Cataluña, en contra de numerosas sentencias. Si bien el acuerdo defiende la ilegalidad de cualquier referéndum que atente contra la unidad territorial de España, no se especifica nada sobre cómo se concretaría en una futura reforma constitucional, cuando se trata del tema capital para cualquier cambio de la Carta Magna. Sólo puede calificarse de simulacro que temas como la reforma laboral casi no se toque o que se anuncie el aumento del salario mínimo, cuando se trata de incrementarlo un 1%. En cuanto a la esperada reforma fiscal, tampoco concreta nada: la tributación en el IRPF de las rentas del trabajo, aunque al final sólo se cambiará cuando las condiciones presupuestarias lo permitan, también quedará en manos de sabios, igual que el Impuesto de Sociedades o el que se aplicará sobre grandes fortunas. Es decir, se trata de lo que algún sociólogo de renombre llamaría un «programa líquido»: no hay nada sólido. Ciudadanos debe reflexionar sobre las responsabilidades de crear un centro político que estructure sobre el PSOE, un partido que ha perdido la centralidad de la sociedad española y que aceptaría, también, un Gobierno con Iglesias, que está en las antípodas de Rivera.