Un pacto en defensa de la legalidad

En la conferencia de la semana pasada en Madrid para exponer el plan secesionista de la Generalitat, Carles Puigdemont soltó una frase en la que subió en exceso el tono épico, que ya es decir, y es probable que se dejara llevar por el lirismo que requieren los acontecimientos. «El Estado español no dispone de tanto poder para impedir tanta democracia», dijo. Un Estado democrático sólo dispone de la fuerza equitativa de la Ley, ni más ni menos, pero sólo cuando la emplea en defensa de sus ciudadanos en los que se basa la soberanía nacional, y en eso reside su poder, en la obligación de que se cumplan las reglas y que nadie se sitúe por encima de la legalidad vigente. La escena que su elaborado victimismo busca, no se va a producir. El Estado tiene poca épica y menos lírica, afortunadamente; basta con que sus poderes actúen en defensa de la legalidad: la Fiscalía, la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Constitucional –que dispone de una ley para conseguir que sus resoluciones se cumplan, incluyendo la suspensión cautelar de los cargos que desobedezcan sentencias–, y disposiciones legales que permiten que el Gobierno pueda asumir competencias transferidas en materia de seguridad. La fortaleza de una sociedad democrática reside en saber mantener vivo el pacto social que nos hace a todos iguales ante la Ley, como queda recogido en la Constitución. De ahí que el apoyo del líder del PSOE, Pedro Sánchez, a Mariano Rajoy ante la amenaza de la Generalitat de llevar a cabo un referéndum independentista refuerza el pacto constitucional y cierra filas ante un acto abiertamente ilegal. El gesto de los socialistas es especialmente significativo porque impedirá que prospere la idea de que la Generalitat quiere una consulta también para los contrarios a la independencia, cuando, según los planes de la Ley de Transitoriedad Jurídica, está todo diseñado para la ruptura unilateral. No sólo es una pretensión de la Generalitat, sino de Podemos, como ya ha manifestado Pablo Iglesias al decir que el referéndum unilateral es una «movilización legítima». La reunión que tuvo lugar ayer en el Palacio de la Generalitat, anunciada como «cumbre», evidenció la debilidad en la que se encuentra el «proceso» independentista al recurrir al referéndum unilateral sin más opción. El proyecto ya no seduce a más gente. Al encuentro acudieron sólo los partidos abiertamente a favor de la independencia, además de Podemos, una representación que sólo alcanza el 47,7% del Parlament, una mayoría exigua con la que quieren llevar a Cataluña a una callejón sin salida. Los apoyos no crecen y lo que es todavía peor, las leyes de desconexión son preocupantes por su cariz antidemocrático. Puigdemont escenificó que el referéndum era la única vía, como si hubiese apostado por el diálogo en algún momento. Sin embargo, no anunció la fecha de la consulta, puede que para evitar el recurso inmediato por el TC, aunque ya se suspendió cuando fue anunciada el pasado mes de diciembre. La Generalitat está instalada en un juego irresponsable, llevando hasta el límite el desafío al Estado, cuando sabe que el referéndum no se va a llevar a cabo porque es ilegal. Seguirá jugando, seguirá forzando a las instituciones y todo indica que seguirá haciendo un uso electoralista de un conflicto en el que está en juego la estabilidad y el futuro de todo el país. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, salió ayer al paso de una operación desleal y vergonzosa que sólo «alimenta un victimismo que ya no cuela», dijo, y que lo haga, además, para mejorar las expectativas de partido de Puigdemont, que posiblemente perdería la Generalitat a favor de ERC. Como es lógico, el Gobierno no quiere desvelar las medidas concretas para impedir al celebración del referéndum, pero todo indica que en esta ocasión la Generalitat no nos volverá a engañar.