Veinte años del PSOE andaluz se sientan en el banquillo

Pedro Sánchez, el hombre que llamó «indecente» a Mariano Rajoy, es desde ayer el secretario general de un partido que tiene procesados por prevaricación y malversación de caudales públicos a quienes, desde el feudo andaluz, han marcado la vida interna del PSOE durante tres décadas. Sin menoscabo alguno de la presunción de inocencia de los acusados, que todavía no han sido juzgados, la gravedad de los hechos señalados para la vista oral debería hacer reflexionar al líder socialista sobre el error que cometió en la pasada campaña electoral al extremar sus acusaciones de corrupción contra el PP, en una descalificación general y arbitraria del adversario político que, ahora, se le vuelve en contra. Porque ni Manuel Chaves, ni Magdalena Álvarez, ni Gaspar Zarrías ni, por supuesto, José Antonio Griñán han sido personajes menores en el entramado socialista, comenzando por el primero, que presidió el partido y fue vicepresidente del Gobierno. Todos ellos, junto con otros veinte ex consejeros y altos cargos de la Junta de Andalucía, se sentarán en el banquillo de los acusados por su presunta responsabilidad en uno de los casos de corrupción y malversación de dinero público más graves de los que hay memoria en la España reciente. Un caso –el de los ERE–, que, además, tiene un trasfondo político inconcebible, como es el que un Gobierno fomentara en la práctica la destrucción del tejido industrial y productivo a cambio de una equívoca paz social. Porque sea cual sea el resultado de un proceso judicial largo y complejo, llevado adelante por la juez Mercedes Alaya pese a la obstrucción de los mismos funcionarios de la Junta que debían velar por los intereses generales, no sólo se juzga a los ex altos cargos procesados, se juzga, también, una manera de interpretar la gestión del dinero público como vehículo clientelar al servicio de un partido y de sus estructuras de poder. Estamos, como señalaba ayer la portavoz adjunta de IU en el Parlamento andaluz, Elena Cortés, ante veintitrés años de la autonomía andaluza sentada en un banquillo. Veintitrés años en los que reinó la más absoluta impunidad en el uso discrecional de unos fondos millonarios que, pese a las advertencias claras y repetidas de los interventores de la Junta, se repartían incumpliendo la Ley de Subvenciones y la Ley de Hacienda Pública. Una trama que no hubiera podido mantenerse en el tiempo sin la complicidad activa o pasiva de quienes estaban más obligados a cumplir las normas y a hacerlas cumplir. Durante todos estos años de investigación, desde el PSOE se ha intentado rebajar la gravedad del asunto, tratando de desviar la atención a supuestas teorías de la conspiración que no se sostienen. Basta con leer la lista de los 24 altos cargos de la Junta procesados para comprender que la única conspiración posible estaba en los despachos oficiales. Hay que insistir en que si la cantidad presuntamente malversada es importante –unos 720 millones de euros–su gravedad se acentúa por el perjuicio al conjunto de la sociedad andaluza, que ha visto cómo el dinero público que debería servir para promover políticas de empleo y de proyección económica se dedicaba a subvencionar la destrucción de puestos de trabajo. No basta que Pedro Sánchez, se escude en la pérdida de militancia de los procesados, es preciso que lleve a cabo una profunda autocrítica de la responsabilidad contraída.