Villar, una caída anunciada

Lo primero que llama la atención tras la detención de Ángel María Villar, dentro de una operación anticorrupción contra la cúpula directiva de la Federación Española de Fútbol (RFEF), es su larga permanencia en la presidencia de la institución: 29 años, aunque con la pretensión de agotar su octavo mandato, lo que hubiese supuesto un total de 32. El último periodo ha estado marcado por las sospechas levantadas sobre supuestas irregularidades, que ahora parecen empezar a concretarse, o por lo menos así lo indica la espectacular operación realizada ayer por la Guardia Civil y ordenada por el titular del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, que dirige el juez Santiago Pedraz. Cuando una responsabilidad pública se prolonga durante tanto tiempo sólo puede generar una trama de intereses inconfesables. Tres décadas al frente del fútbol español es un tiempo más que suficiente para echar raíces en un mundo especialmente opaco, donde lo público –los sentimientos colectivos «o jogo mais bonito do mundo») y lo privado –la gestión de multimillonarios derechos de imagen– se confunde con facilidad y en el que la pasión por unos colores oculta intereses que van más allá de lo deportivo. Queda claro que Villar no debería haber prolongado su mandato, que existían razones suficientes para dejarlo y no entorpecer la renovación de la RFEF, una institución sobre la que sobrevolaban demasiadas dudas a raíz de que su máximo dirigente tuviese que declarar, el pasado mes de marzo, como investigado por prevaricación, malversación y apropiación indebida de dinero público en forma de subvenciones oficiales. Sin embargo, tres meses más tarde, el 25 de mayo, fue elegido presidente de la Federación por octava vez. La prueba de que fue un error su continuidad, gracias al apoyo incondicional de toda la estructura federativa, suponemos que agradecida por la gestión realizada por Villar y los intereses comunes que supieron tejer, es que la institución se encuentra ahora descabezada, sin un equipo que dirija la renovación, con sus finanzas mirándose con lupa y ahora con sus máximos dirigentes procesados. La investigación abierta parte de operaciones realizadas por Villar y su hijo –que también ha sido detenido– utilizando presuntamente fondos de la Federación en beneficio propio; de supuestos tratos de favor a dirigentes territoriales para conseguir a cambio su apoyo y poder permanecer en el cargo; la organización de partidos amistosos entre la Selección Española de Fútbol y otras selecciones con el supuesto objetivo de conseguir beneficios para la empresa de su hijo. La investigación sobre estos partidos no oficiales se inició en 2010 tras una denuncia presentada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) en 2016. A lo largo de las diligencias se encontró suficientes pruebas para determinar que Villar había actuado para favorecer negocios en los que él estaba implicado por vínculo familiar. Capítulo aparte es el caso que investiga el juzgado de instrucción 4 de Majadahonda (Madrid) sobre el destino de 1,2 millones de subvenciones que la RFEF recibió del CSD para proyectos en África y Centroamérica, como fue el caso de Haití tras el terremoto. Con la presunción de inocencia por delante, Villar deberá dar explicaciones sobre las acusaciones que presentan la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Lo que está claro es que esta etapa debe ser cerrada y que la mejor época del fútbol español –con un Mundial y dos Eurocopas– y una generación de deportistas ejemplares no debe quedar machada por una gestión indefendible. Con la caída de Joseph Blatter de la presidencia de la FIFA y de Michel Platini, Villar era el último de un grupo de directivos señalados por el llamado «Fifagate». La gestión del fútbol español necesita una renovación profunda de sus estructuras.