¿Por qué votamos?

El debate que se está produciendo en los últimos tiempos en las filas liberales y conservadoras sobre los motivos del voto, y cómo recuperar y ganar electorado frente a los negros augurios y el ascenso de la izquierda, ha puesto sobre la mesa la cuestión de si es la economía o la política. Juan Ramón Rallo defendía en su artículo «Podemos y el fracaso de la democracia participativa» (Libremercado, 26.07.2015) que la única salida de la democracia es el voto racional fundado en un cálculo económico. El elector, siguiendo el anticuado libro de Anthony Downs, «La teoría económica de la democracia», de 1957, quedaría definido como un «egoísta ilustrado» que usa calculadora para votar, y reduciría la democracia a una fórmula de conveniencia económica global. Las debilidades del argumento son varias. Resumamos algunas.

El primer error es contraponer la democracia a la «democracia participativa» del populismo socialista, que tal y como está definida es contraria al reconocimiento y garantía de los derechos individuales, a las elecciones plurales, libres y periódicas, y a la separación de poderes, que son las bases de los regímenes políticos occidentales tras 1945. Heinz Dieterich Steffan, uno de sus defensores, la denomina «el socialismo del siglo XXI», y la fundamenta en lo que Ernesto Laclau y la Escuela de Essex llaman «democracia social», es decir, el fin del capitalismo y de sus libertades, y el reparto de la riqueza en aras de la «justicia social». Tal democracia quedaría en manos de un Estado-partido, identificado en un gramsciano «bloque hegemónico», que interpretaría la «voluntad del pueblo». No es que esta democracia participativa de Podemos vaya a fracasar, o que despertara dudas sobre su viabilidad, como afirma con acierto Rallo; es que el siglo XX la colocó en el basurero de la Historia.

Ya no es sostenible la teoría económica de la democracia de Downs, el voto racional, como único argumento para explicar el comportamiento y las motivaciones del elector, y tener una «democracia mejor» o evitar el «imperialismo democrático» –un concepto, por cierto, de política exterior usado por los neomarxistas para referirse a EE UU desde la primera guerra de Irak–. Esa teoría es una ilusión no sólo porque vivimos en sociedad y el votante no es una máquina, sino porque la ciencia política lleva décadas estudiando y debatiendo sobre la enorme tipología de votantes y, en consecuencia, las diferentes motivaciones. La teoría económica no explica elementos clave de la política de hoy, como su enorme volatilidad del voto, la importancia de la comunicación política, o el peso de la imagen del líder, y desprecia los aspectos culturales, emocionales y conductuales de los votantes.

Existen tres grandes teorías de la motivación del voto, y ninguna se muestra omnicomprensiva. La conductista de la Escuela de Chicago presenta a un ciudadano susceptible de influencia por la campaña electoral, el entorno próximo y el internacional, las emociones de la ira o el miedo, el tipo de elección, o la personalidad del candidato. De ahí, por ejemplo, la creciente volatilidad del voto y la importancia del liderazgo como reclamo. La teoría de la motivación cultural, por otro lado, hace hincapié en la influencia de los aspectos históricos e inerciales, el peso de la tradición familiar o local, los hábitos propios, y la ubicación social del elector: estatus, economía o estudios. Por último, la «rational choice», que imagina al elector como un ser racional, tal y como sostuvo Downs, cree que el voto es el resultado de un ejercicio contable, al que no afectan campañas ni entornos, porque se autoabastece de información y decide.

Pero en el fondo está el concepto de democracia, discutido por el populismo socialista justamente para acabar con las libertades. La trampa del debate es creer que la democracia es solo votar, como advirtió Samuel Huntington, cuando en realidad es política pura, y así lo entendieron sus teóricos desde Tocqueville en adelante. La argumentación de la democracia como algo económico es algo que siempre ha sostenido la izquierda. El populista neomarxista Jacques Rencière la define como la «acción de sujetos que, trabajando sobre el intervalo entre identidades, reconfiguran las distribuciones de lo privado y de lo público, de lo universal y lo particular». ¿Dónde quedan en esta definición economicista de democracia los derechos individuales, la seguridad jurídica, el «check and balance» entre poderes, o las elecciones libres, plurales y competitivas? La democracia no es pasar de un conjunto de voluntades individuales a una sola orgánica, porque es así como se podría definir el Estado corporativo del fascismo italiano. Tampoco se puede contraponer el liberalismo y la democracia, cuando la Historia ha demostrado que son inseparables. No; la democracia se define por las citadas instituciones políticas, como han señalado Sartori, Bobbio, Lipset o Robert Dahl.

Si las instituciones no funcionan de forma deseable, se reforman a golpe de opinión pública siguiendo las reglas de juego, como han hecho históricamente países democráticos como EE UU, Reino Unido y la Europa continental occidental desde 1945. No confundamos una democracia mejorable con una no-democracia, o lo mezclemos con economicismos, porque es hacerle el juego al populismo socialista a la hora de deslegitimar nuestro sistema.