Una república anticapitalista con CNI

La «propuesta de acuerdo hacia la independencia» incluye estructuras de Estado y un plan de choque repleto de medidas con el sello de la CUP

«Propuesta de acuerdo hacia la independencia» es el título del documento de 61 páginas presentado ayer por Junts pel Sí, cuyo contenido está claramente orientado hacia la izquierda, tal y como se podía esperar después de tres meses de conversaciones con la CUP. La propuesta, sin embargo, no sólo se caracteriza por un claro sesgo izquierdista, sino también por el despliegue de estructuras de Estado para equiparar la República catalana a cualquier país de su entorno.

15 embajadas más

Los independentistas prevén «convertir las delegaciones exteriores en delegaciones diplomáticas y consulares, y crear 15 delegaciones nuevas después de la desconexión». Se propone, asimismo, «crear el ministerio de Exteriores» y «crear el Servicio Exterior de Cataluña».

DNI y pasaporte

También está entre las prioridades de los soberanistas la creación de pasaportes y visados, así como de DNI y de «tarjetas ciudadanas de servicios» como los de sanidad, transportes, ocio y transacciones con la Administración. «Hará falta adoptar determinadas decisiones políticas sobre cuestiones relevantes como, por ejemplo, la edad a la que será obligatorio disponer de la tarjeta, el período de validez, los requisitos para ser titular y el organismo que se tratará de confeccionarla», precisa el documento de Junts pel Sí trabajado con la CUP.

Servicios de Inteligencia

El capítulo de estructuras de estado se completa con la creación de organismos como un Servicio de Inteligencia –el equivalente al CNI español–, una Hacienda propia, una Seguridad Social, una agencia para gestionar los residuos nucleares.

Sanidad para «sin papeles»

«El futuro Govern debe garantizar el acceso universal a la atención sanitaria pública y de calidad mediante el CatSalut. Ninguna persona puede quedar excluida por razones de origen, tenga o no la condición de asegurada y con independencia de si consta o no en el padrón».

«Desahucios cero»

«Establecer protocolos de accción en todo el territorio catalán en base a determinadas buenas prácticas que ya se llevan a cabo en algunos municipios como, por ejemplo, Badalona (donde –conviene subrayarlo– gobiernan el coalición la CUP en coalición con Podemos, y Esquerra Republicana).

Paralizar BCN World

El documento también deja en suspenso el macroproyecto de BCN World –conocido antiguamente como el Eurovegas de Barcelona–. Aquí la influencia de la CUP ha sido total, puesto que se cancela la tramitación del plan director urbanístico y se aplaza su reactivación hasta que no haya consenso.

Un modelo de gestión pública para Aigües Ter Llobregat

Esta privatización, la más importante llevada a cabo nunca en Cataluña, también es objeto de freno aunque aquí la redacción es más confusa. «La decisión sobre la titularidad de la gestión del agua en alta vendrá determinada por lo que se haya acordado sobre el modelo de gestión del agua en el seno del proceso constituyente en el marco del cual se defenderá el modelo público de gestión», dice el documento.

Reducir las listas de espera sanitarias a la mitad

Los independentistas se comprometen a la reducción de un 50 por ciento del tiempo medio de las listas de espera de primera visita a especialista y pruebas diagnósticas , así como del 10 por ciento de las listas de espera quirúrgicas. Para todo ello se realiza una previsión presupuestaria de 95,6 millones de euros.

Pobreza energética

El plan de Junts pel Sí y la CUP prevé afrontar los casos de pobreza energética mediante ccinco medidas, entre ellas, activando el decreto suspendido por el Tribunal Constitucional. «Habrá una partida no inferior a los 10 millones que servirá para afrontar el pago de los suministros básicos de los hogares en situación de vulnerabilidad económica», dice una de las medidas.

1.000 euros de salario

Otro de los puntos más llamativos es el establecimiento como objetivo de un salario mínimo de 1.000 euros. Para lograrlo las instituciones públicas se proponen implementar un diálogo social permanente, una nueva ley de contratación pública y una normativa laboral propia de la República catalana.

Moratorias en la venta de patrimonio

La hoja de ruta independentista también establece moratorias durante el «período de transición nacional previo al proceso constituyente» para evitar iniciativas como la reducción de salarios de la administración pública y la venta de activos inmobiliarios. Se exceptúan únicamente «la venta de activos inmobilitarios que se hayan iniciado con anterioridad, así como aquellos relativos a los programas de fomento».

Ley de dependencia

En el capítulo de bienestar se incluyen medidas para garantizar el acceso a los tratamientos farmacológicos de forma universal, así como la garantía de prestaciones económicas para las personas en situación de dependencia. También una renta mínima de reinserción dotada con 70 millones.

Privatización revertida

La propuesta no da un sí quiero a todas las privatizaciones que pedía la CUP en su plan de choque social, pero en el campo sanitario consigue frenar el Consorcio Sanitario de Lérida. El documento defiende una moratoria en el consorcio para garantizar que su desarrollo lo configuren únicamente entidades públicas, que no incorpore ni pueda incorporar ninguna entidad privada, simplificar la gestión a través de un Plan de Atención, incrementar el nivel de resolución y reducir la movilidad de los pacientes dentro y fuera de la región sanitaria. Y todo esto con el compromiso de no ajustar las plantillas.