Adoctrinamiento: Nadie vigila los libros de texto

Educación pide a la Alta Inspección un informe sobre los libros de texto catalanes. Desde los años noventa en España está eliminada por Ley la supervisión previa de los manuales por parte del Ministerio

«Les voy a dar un dato. Por la hora que es nadie nos oirá. A mí me ha pasado que en una comunidad que, dependiendo del partido en el poder, me han pedido que se trate el contenido de los libros de una manera o de otra», decía a los diputados en la comisión de Educación del Congreso el pasado día 8 José Moyano, presidente de la Asociación de editores del libros de Texto (Anele) – representa al 90 por ciento del sector–. Con ello se refería a casos como el de Canarias: cuando gobernaba el PSOE, se pedía a los editores que no hiciesen tanto hincapié en el silbo canario ( el lenguaje silbado practicado por algunos habitantes de La Gomera para comunicarse a través de barrancos) y cuando quien estaba al frente era Coalición Canaria se pedía que no se incluyeran tanto contenido de ríos porque Canarias carece de ellos. Las «presiones» alcanzan a temas como el tratamiento del Holocausto en los libros que estudian los escolares, e incluso llegó a recibir una llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores para que, por sugerencia del Gobierno chino, se cambiara en los libros el color del mapa del Tibet o del Mar de Corea. A estas «presiones» se une la denuncias recientes del sindicato de profesores catalán (AMES), que criticaba los «planteamientos ideológicos partidistas y tendenciosos» en los libros de Ciencias Sociales de 5º y 6º de Primaria de las principales editoriales distribuidas en Cataluña. «En muchos de ellos se han detectado planteamientos ideológicos que defienden algunos partidos, aunque no sean acordes con nuestra Constitución», recoge el informe.

La declaración del presidente de Anele, unido a el informe de los profesores, ha sido el desencadenante de que el Ministerio de Educación haya decidido pedir a la Alta Inspección Educativa un informe específico sobre los contenidos que los niños tienen que estudiar en Cataluña. «Hemos pedido un estudio detallado para ver si vulnera la normativa vigente. Queremos que se haga de manera urgente y lo tendremos en breve», dijo ayer el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, tras la inauguración del congreso de la patronal de la escuela privada y concertada (CECE).

Sin embargo, el secretario de Políticas Educativas de la Generalitat, Antoni Llobet, vio ayer «malicia y descontextualización» en el informe del sindicato de profesores AMES sobre el «adoctrinamiento» de los libros que vuelve a poner a Cataluña en el centro de la polémica.

Pero ¿quién revisa que los libros que estudian los alumnos se ajusten a la normativa vigente y cumplan todos los requisitos sin planteamientos ideológicos? «La competencia la tienen los profesores de cada centro, y las comunidades autónomas respetan la libertad que tienen, pero si no se cumple la legislación básica actuaremos a través de los juzgados», avanzó ayer el secretario de Estado de Educación. Paralelamente se ha «alertado» a la Inspección de las otras comunidades autónomas para que estén atentos a posibles denuncias que pudieran surgir y se haga saber al Ministerio.

«Nadie vigila ni supervisa los disparates que pueda haber en los libros de texto. Con las sucesivas leyes educativas, desde la Logse en adelante, se ha ido ahondando en la desvertebración del sistema y esto se evidencia en los criterios de edición y supervisión de los libros de texto. El Estado debería recuperar el control de la supervisión de los manuales que estudian los alumnos», declaró a LA RAZÓN el presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández.

En España hemos pasado del «Nihil obstat» (no hay obstáculo para su publicación) en la edición de libros o de la censura franquista a un momento como el actual en que los libros no son supervisados por ningún organismo. Se hace únicamente si existe una denuncia ciudadana o de algún medio de comunicación.

La Ley General de Educación, de los años setenta, sí otorgaba al Ministerio de Educación la competencia de supervisar todos los libros de texto antes de que llegasen a las aulas. La Logse socialista, de los años noventa, también mantenía esta potestad, aunque es con esta norma cuando se comienza a hacer las transferencias educativas a las diferentes comunidades autónomas y se fija que el 65 por ciento de los contenidos los fije el Estado y el 35 restante las autonomías, lo que les permitía introducir sus propios contenidos. El control era previo hasta 2006 con otra ley socialista, la LOE, en que se dinamita esta posibilidad en la disposición adicional cuarta de la norma y el control pasa a ser posterior. «La Edición y adopción de los libros de texto y demás materiales no requerirá de la previa autorización de la administrativa, explica. Es decir, sólo se hace si hay denuncia. «Estas disfunciones educativas se han visto muy claramente con la asignatura de Educación para la Ciudadanía con la que, dependiendo de la ideología te podías encontrar manuales que rayaban el ultraliberalismo o el ultracatolicismo. Por eso, aprovechando el pacto de Estado educativo, el Ministerio debería recuperar el control en este ámbito porque, con la ley en la mano, las comunidades pueden hacer lo que quieran y no hay un control a no ser que haya una gran burrada», insistió Fernández.

«A ver si Educación consigue ahora la disciplina de todas las comunidades en contenidos porque nunca como hasta ahora con la Lomce, se había propiciado tanto la diferenciación autonómica. Ahora bien, me sorprende que la gente se lleve las manos a la cabeza por el hecho de que las transferencias en Educación estén hechas. Si hay contenidos que atentan contra el marco normativo, que actúe la inspección», exigió el presidente de los editores de libros de texto.

¿Podrá hacer la Alta Inspección un informe en breve de los libros catalanes , como ha exigido el Ministerio? «Sólo tiene tres o cuatro personas por autonomía. Hemos exigido más recursos y que haya inspectores de educación en este cuerpo de la Administración», dijo ayer el sindicato de inspectores USIE.

19 manuales de matemáticas de 4º de primaria

La disparidad en los contenidos básicos entre las comunidades autónomas «genera importantes inversiones en los procesos de edición y distribución de los libros de texto, explicó el presidente de Anele, José Moyano. «Una editorial educativa de tipo medio edita en este país más de 19 libros sólo para las Matemáticas de cuarto de Primaria, y no estoy hablando de un área conflictiva. Es para pensar sobre ello».

Moyano se quejó de los editores «no sólo tenemos que dar respuesta a cuestiones idiomáticas –en referencia a las lenguas cooficiales– también tenemos que hacer un planteamiento curricular distinto sobre materias en las que no tiene mucho sentido esa diferenciación».

Los textos catalanes de la polémica

De España, ni una página

El libro «Medi natural, social i cultural», de Editorial Barcanova, para Primero de Primaria, se centra en la historia de Cataluña. Y, según AMES, «a España no se le dedica ni una página». Además, se afirma que el Estatuto de Cataluña es la ley más importante de Cataluña, lo cual no es cierto, porque por encima está la Constitución Española.

Corona catalano-aragonesa

En ese libro se habla de la Corona catalano-aragonesa, la cual «es un invento de algunos historiadores independentistas, ya que lo que existió fue el Reino de Aragón». En un libro de la misma editorial de 2º de Primaria, en vez de decir Carlos I de España y V de Alemania, afirman «Carlos I de Castilla y de Cataluña-Aragón».

Cataluña y otros países

En «Coneixement del medi. Ciènces socials i ciènces naturals» de editorial Cruïlla se compara Cataluña no con otras regiones europeas, sino con otros países. En una actividad, se compara a países europeos, en el que España aparece con sus 47 millones de habitantes y Cataluña con sus 7,5. Además, dice que la lengua propia de Cataluña solo es el catalán.